Daniel G. Solar
Las empresas concesionarias agrupadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) restablecieron el miércoles la totalidad de los servicios de colectivos en San Juan, tras recibir un pago parcial de las compensaciones tarifarias adeudadas por el Gobierno provincial, desembolso que obligó a las autoridades locales a admitir la existencia de una deuda que venían desmintiendo públicamente.
El conflicto estalló cuando la Secretaría de Tránsito y Transporte, a cargo de Marcelo Molina, desmintió cualquier atraso financiero, aseguró que los pagos estaban al día y anunció sanciones económicas contra las empresas Mayo y El Libertador por recortar frecuencias. Sin embargo, la patronal empresaria salió al cruce mediante su primer comunicado formal y reveló que el sistema atravesaba un desfinanciamiento crítico.
Según precisó ATAP, la deuda acumulada ascendía a 9.750 millones de pesos, de los cuales cerca del 60% correspondía a compromisos de la Provincia y el 40% a la Nación. El detalle de acreencias abarca montos impagos por el Boleto Escolar Único, Boleto Docente, trasbordos, convenios por kilómetro y reajustes de costos no reconocidos acumulados desde 2025.
En una segunda aclaración pública, el gremio empresario desarmó el argumento oficial que atribuía los retrasos a meras demoras administrativas, aclarando que las observaciones en las liquidaciones ya habían sido subsanadas. Asimismo, aclararon que los fondos nacionales transferidos el 28 de julio para atributos sociales aún no habían ingresado a las cuentas de las prestatarias.
Lo que todavía no explicó el Gobierno es el tema de los famosos 120.000 "pases libres" que funcionan dentro del sistema de la Red Tulum. En ningún comunicado oficial negaron que existan, y el dato flotó como una pregunta incómoda que nadie quiere responder. Este esquema representa una pesada carga financiera para las empresas ya que en los hechos apenas uno de cada dos pasajeros termina abonando la tarifa del pasaje.
"Lo que todavía no explicó el Gobierno es el tema de los famosos 120.000 pases libres. En ningún comunicado oficial negaron que existan"
A la tensión entre los empresarios y el gobierno de Orrego se le sumó el fuerte malestar del sector estudiantil. La Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) expresó su profunda indignación en las redes sociales mediante un video dirigido contra la ministra de Gobierno, Laura Palma. La funcionaria había afirmado que los estudiantes cuentan con seis pasajes diarios para asistir a clases y advirtió que la Provincia endurecerá los controles e impondrá el bloqueo de tarjetas SUBE a quienes utilicen el beneficio para actividades ajenas al ámbito escolar, como concurrir al trabajo o al médico. La dirigencia universitaria rechazó la postura oficial al remarcar que la vida académica no se limita únicamente a ir y volver del aula, exigiendo un boleto gratuito transparente y libre de recortes.
La postura inflexible de la administración provincial terminó desmoronándose con los hechos. Con la acreditación del pago parcial, las empresas emitieron un tercer comunicado en el que valoraron el giro de recursos para destrabar la prestación del servicio. Este desembolso funcionó en la práctica como el reconocimiento explícito del pasivo adeudado por parte del Ejecutivo. Pese a la normalización de los recorridos habituales, ATAP advirtió que todavía permanece una abultada deuda pendiente e insistió con la urgencia de constituir una mesa técnica de trabajo que permita adecuar la estructura de costos y garantice la sustentabilidad del transporte público en San Juan.
