Transporte y ATAP, al borde de la ruptura: las sanciones desataron una tormenta en San Juan

La calma chicha en la trastienda del transporte público sanjuanino duró lo que tarda un colectivo en completar su recorrido de hora pico. La decisión oficial de multar a dos empresas por reducir frecuencias no hizo más que destapar una olla a presión que venía juntando temperatura en el despacho de los empresarios nucleados en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Lejos de encauzar el problema, la postura implacable exhibida por el secretario de Transporte, Marcelo Molina, cayó como una bomba en un sector golpeado por la inflación, el precio de los combustibles y una relación institucional deteriorada.

Los empresarios aseguran que la provincia arrastra una abrumadora deuda de 9.000 millones de pesos por diversos conceptos, con expedientes adeudados que se remontan al año 2025. Durante meses, la dirigencia privada optó por la mesura. Presentó expedientes, envió notas formales a las oficinas gubernamentales y buscó, por todos los medios diplomáticos a su alcance, sentar a las autoridades en una mesa de negociación técnica. Sin embargo, la respuesta del otro lado del mostrador fue el silencio o el rechazo tajante de los montos reclamados, que según informaciones confiables se distribuirían un 60% corresponde a provincia y un 40% al gobierno nacional.

 Según revelaron fuentes confiables ligadas a la patronal, la discusión de fondo arranca con una precisión conceptual: lo que el Estado provincial abona mes a mes no es un subsidio regalado, sino una clara compensación de tarifa destinada a amortiguar el costo real que exige mover cada unidad en la calle. Solo en los dos últimos meses se habría acumulado una deuda provincial y nacional que alcanzaría los 3.500 millones de pesos y que estaría siendo sostenida por los empresarios.

 Pero el "sistema de transporte público de pasajeros" sostendría privilegiados que habría empezado a estallar las cuentas de costos de las empresas. El dato alarmante e inexplicable sería que en la provincia circularía más de 120.000 carnets de "pases libres" sin ningún tipo de identificación ni control riguroso. La consecuencia práctica de ese descontrol es demoledora, ya que en los hechos apenas uno de cada dos pasajeros termina abonando la tarifa del pasaje. La gravedad de la información iría todavía más allá y rozaría los "vicios" que el orreguismo le viene atribuyendo al peronismo. De acuerdo con fuentes confiables, esos "carnets sin registro nominal" terminaron convertidos en una especie de "moneda de cambio manejada por punteros políticos departamentales. Incluso, se detectaron familias enteras que se prestan el pase libre para viajar a cualquier hora del día sin pagar un solo peso", según detalló. "El sistema así es inviable", mascullan en los pasillos de las empresas, mientras observan cómo los costos fijos se disparan semana a semana.

 Hasta el momento, las empresas concesionarias han cumplido a rajatabla con los compromisos fijados en las paritarias salariales de los choferes, evitando que las medidas de fuerza gremiales paralicen las líneas. Pero el margen de maniobra se agotó. El vertiginoso aumento del precio del gasoil, sumado al costo de los repuestos, los insumos operativos y el mantenimiento de la flota, torna matemáticamente imposible seguir sosteniendo el precio actual del boleto sin una revisión integral de las variables financieras.

 En el centro del reclamo empresarial aparecería la figura de la ministra de Gobierno, Laura Palma. Desde la cartera que encabeza la funcionaria no se habrían ofrecido respuestas concretas a los insistentes pedidos de reunión ni se informó el inicio formal de un análisis técnico sobre el desfasaje del precio de boleto de transporte público y al que los empresarios de ATAP vienen solicitando un aumento. Para el sector privado, la falta de señales claras no hace más que profundizar la percepción de un abandono institucional deliberado.

 Las recientes declaraciones de Marcelo Molina, negando tajantemente las deudas y prometiendo sanciones económicas implacables a las líneas que recortaron servicios, actuaron como el punto de quiebre definitivo. Lo que hasta la semana pasada era una relación frágil pero contenida por la cautela empresarial, podría mutar en una confrontación abierta en virtud del cansancio y hartazgo por el permanente ninguneo. En las próximas horas, los referentes de ATAP mantendrán una reunión clave para determinar los pasos a seguir frente a las multas dictaminadas y la persistente falta de respuestas gubernamentales.

 El panorama general apunta a un conflicto que los empresarios intentaban evitar, pero que ahora parece cada vez más probable. Con el servicio resentido por la asfixia económica y las autoridades enfocadas en castigar antes que, en dialogar, los usuarios sanjuaninos quedan al borde de una parálisis que exige definiciones urgentes antes de que el sistema se detenga por completo.