Los trabajadores de seguridad privada denuncian sueldos de miseria y trabajo en negro

Pablo Abrego, referente del sindicato del Personal de Seguridad en la provincia, analizó en Elementos FM el complejo panorama que atraviesa el sector, marcado por una precarización que calificó de "histórica" y que hoy intenta revertir a fuerza de fiscalizaciones y medidas de fuerza en un contexto nacional y provincial cada vez más asfixiante.

El dirigente no anduvo con vueltas al señalar una maniobra que pone en jaque la dignidad de los trabajadores: las licitaciones que se ganan a costa del hambre del vigilador. Abrego denunció el caso de una empresa recientemente habilitada que ganó una licitación cotizando la hora a 5.000 pesos, cuando el costo de paritaria de un vigilador es de 5.200 pesos. "Nosotros somos un sindicato de vigiladores, no de empresarios", sentenció, destacando que el valor hora empresarial debería rondar los 19.000 pesos para cubrir los aportes y la estructura mínima.

Otro acontecimiento que sacudió a este sector recientemente fue el conflicto en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. Abrego recordó el drama de los 130 trabajadores de la empresa Hunter que fueron despedidos a principios de 2026 con causas inventadas para evitar el pago de indemnizaciones millonarias, ya que muchos contaban con antigüedades de hasta 28 años. "Somos los que le damos el pecho día a día", afirmó, recordando que esos mismos empleados fueron los que sostuvieron la guardia durante la pandemia. 

La brecha entre el sueldo estipulado y la realidad es abismal, mientras el bruto nacional homologado con CAESI debería rondar los 1.600.000 pesos, en San Juan proliferan ofertas de 500.000 o 600.000 pesos, muchas veces en negro.  Además, alertó sobre la falta de registro de trabajadores en blanco,  mientras los organismos oficiales tienen apenas 1.800 vigiladores habilitados, en la calle hay cerca de 4.000.

A pesar del miedo que aún persiste en muchos trabajadores por posibles persecuciones gremiales, Abrego celebró que el padrón de afiliados creció de apenas 15 a casi 600 en su mandato. Con servicios como asesoría jurídica propia, beneficios en turismo y la reciente normalización institucional, el gremio busca plantarse frente a un empresariado que, ante la crisis, suele ajustar por el hilo más delgado: el bolsillo de quien cuida la propiedad ajena mientras lucha por sostener la propia.