Daniel G. Solar
En su primer informe de gestión como titular de la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados de la Nación, el polémico e investigado Manuel Adorni dejó tela para cortar. Fiel a la liturgia parlamentaria, el recinto fue el escenario donde las inquietudes provinciales chocaron con el pragmatismo regulatorio nacional. Un pasaje revelador de la jornada encendió las alarmas en la cordillera: el debate por el futuro energético sanjuanino.
El diputado nacional Cristian Andino apuntó hacia la Resolución ENRE N° 079/2026, norma que allana el camino para que el proyecto minero Distrito Vicuña, operado por BHP y Lundin Mining, se conecte a la línea de 500 kV Nueva San Juan - Rodeo. ¿Están bien documentadas las respuestas oficiales? Sí, pero con estricta frialdad burocrática.
El cuestionario por escrito de Andino fue incisivo. Primero, indagó si ese acceso prioritario formaba parte de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La respuesta por escrito fue de manual: el Ministerio de Economía informó que "el proyecto minero Distrito Vicuña ha presentado su solicitud de adhesión al RIGI y se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Minería, sin contar a la fecha con informe técnico ni resolución final respecto a dicha solicitud". Curiosamente, renglones abajo, la Jefatura matizó que "no consta en este Organismo su adhesión o solicitud de incorporación al mencionado régimen". Un evidente cortocircuito comunicacional interno.
Siguiendo el hilo, Andino exigió conocer el fundamento técnico-económico de la medida y si los usuarios sufrirían tarifazos. Aquí, el gobierno esgrimió su mejor defensa. Apoyado en la Resolución SE N° 311/2025, remarcó que "el esquema fortalece la inversión privada en el Sistema Eléctrico Nacional, ya que permite que la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica no dependa de la intervención del Estado Nacional". El texto oficial es tajante: la inversión propuesta será afrontada totalmente por Vicuña Argentina S.A. y por ello, en el caso "no existen subsidios cruzados o traslados de costos al sistema". Concluye garantizando que "el pedido no implica costos adicionales o eventuales incrementos tarifarios que deban afrontar los usuarios del sistema eléctrico".
Ante la preocupación de Andino sobre si otros proyectos se verían desplazados, un temor frecuente en las cámaras de servicios locales, el gobierno aseguró que, "al día de la fecha, no obran en el ENRE solicitudes de otros proyectos productivos o mineros que hayan solicitado el ingreso a las mismas infraestructuras eléctricas".
Donde el expediente muestra los "cables pelados" es en la coordinación federal. Al consultarse sobre la participación del Gobierno de San Juan y su Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la Nación se escudó en la Ley N° 15.336: los organismos del Estado Nacional tienen atribuidas las competencias para regular el sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión y distribución troncal, mientras que las provincias tienen competencia sobre el servicio de distribución de energía eléctrica local. El Ejecutivo argumentó crudamente que "los procedimientos no establecen específicamente un proceso de consulta previa, ni con el gobierno de la Provincia de San Juan ni con el EPRE. El ENRE simplemente analizó los riesgos regulatorios y energéticos, determinando que la obra desarrolla un proyecto minero muy importante para el país, permite la expansión del sistema eléctrico y facilita la interconexión con el norte de la provincia de San Juan".
Cristian Andino también inquirió sobre las audiencias públicas pero el reglamento dicta que para emitir el Certificado de Conveniencia, se debe publicar el pedido, otorgándose un plazo de DIEZ (10) días para que cualquier perjudicado plantee su oposición fundada por escrito ante el Ente. Efectivamente, los rechazos ingresaron. El documento admite que "entidades provinciales decidieron formular las oposiciones y realizar los planteos que estimen pertinentes, como lo ha hecho, en este caso, el EPRE".
Esta resistencia institucional obligó a Buenos Aires a recalcular. Habiéndose formulado oposición a las solicitudes dadas a publicidad mediante la Resolución ENRE N° 79/2026, para la asignación de capacidad de transporte eléctrico en la línea de 500 kV Nueva San Juan - Rodeo, se continuará con el trámite previsto y se convocará a la audiencia pública pertinente. Para descomprimir, se emitió la Resolución ENRE N° 165/2026 mediante la cual se puso a disposición pública el expediente.
Finalmente, el gobierno reconoció que, "teniendo en cuenta las oposiciones presentadas a la Resolución ENRE N° 79/2026, entre ellas las realizadas por distintas autoridades sanjuaninas, el ENRE convocará a una audiencia pública".
La exposición documentada de Manuel Adorni cumple estrictamente con responder la interpelación de Cristian Andino. No obstante, refleja una mirada tecnócrata que colisiona de frente con la territorialidad. La disputa en San Juan prueba que en materia energética no basta con redactar resoluciones prolijas; el verdadero desafío es evitar cortocircuitos políticos y mantener la tensión regulada antes de que salten los fusibles institucionales del sector productivo provincial.
