Alejandro Sánchez
Carlos Ordóñez, Secretario General de los Trabajadores Viales en la provincia de San Juan, analizó el complejo panorama que atraviesa la infraestructura vial del país. Ordóñez analizó el impacto de las políticas actuales sobre el organismo nacional, advirtiendo que el Estado ha retirado en gran medida el presupuesto total que deja a las provincias en una situación de extrema vulnerabilidad. Según explicó, el decreto que invita a los gobiernos provinciales a hacerse cargo de las rutas nacionales es un traslado de obligaciones sin contar con los recursos financieros necesarios.
"La nación se está corriendo de su responsabilidad, las provincias van a pagar las obras, y después van a intentar recuperar esa inversión a través del peaje en rutas de muy poco tránsito", disparó el dirigente, subrayando que este esquema no tiene sustento matemático. Para Ordóñez, la lógica del mercado no aplica a la red vial del interior del país: "Si realmente esas rutas interesaran al sector privado, se estarían peleando por repararlas y poder cobrar peaje". Además, advirtió sobre la "doble imposición" que sufrirá el usuario, quien ya paga un impuesto específico al cargar combustible destinado al mantenimiento de los caminos y ahora deberá abonar una tarifa extra para circular.
La situación de la emblemática Ruta 40 es un caso testigo de esta falta de responsabilidad nacional. A pesar de contar con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no depender directamente del Tesoro Nacional, la obra sufre más de seis meses de atraso en los pagos de certificados a las constructoras. "El dinero está, pero no va a donde está destinado" sentenció el secretario vial, vinculando este desvío de fondos a la obsesión oficial por exhibir un déficit fiscal cero a costa de la infraestructura básica.
Los costos que maneja el sector son astronómicos: mejorar un kilómetro de ruta convencional cuesta cerca de un millón y medio de dólares, mientras que convertirla en autovía o autopista eleva la cifra a los tres millones de dólares por kilómetro. Pero más allá de los fierros y el cemento, el factor humano es el que más sufre el impacto del ajuste. Ordóñez denunció un "maltrato permanente" hacia el personal altamente calificado de Vialidad. Los trabajadores viales nacionales no han recibido aumentos salariales desde octubre de 2024, lo que ha provocado que más del 70% de la planta se encuentre hoy por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma el la suma enorme de retiros voluntarios (que ya se cobraron 620 puestos a nivel nacional y 25 en San Juan) y la amenaza latente de despidos o pases a disponibilidad.
