Daniel G. Solar
En el complejo tablero de la obra pública sanjuanina, pocas piezas han sido tan observadas, peritadas y discutidas como los caños del Acueducto Gran Tulum. Lo que comenzó como una serie de interrogantes sobre la aptitud técnica de los materiales, derivando incluso en inspecciones oculares de la Justicia y carátulas penales en danza, parece haber encontrado su punto de cierre definitivo en la ciencia y la trazabilidad documental.
La controversia, por la supuesta toxicidad y el uso de tubos destinados a fines cloacales, chocó de frente con una realidad técnica difícil de rebatir: un informe oficial de Bureau Veritas Argentina S.A.. Este documento, una "Aclaración de Alcance, Aplicación y Aptitud Técnica" fechada el 7 de abril de 2026, funciona hoy como el acta de defunción de las versiones que hablaban de un perjuicio al Estado o un riesgo para la salud pública.
Para entender la magnitud del respaldo, hay que mirar quién firma. Bureau Veritas, fundada en 1828 y con presencia en 140 países, es el árbitro global indiscutido en servicios de ensayo e inspección. Su auditoría sobre la firma Krah América Latina S.A. no fue superficial. El informe ratifica de manera taxativa que los tubos de pared sólida (modelos VW) suministrados para el acueducto fueron fabricados exclusivamente con polímeros vírgenes certificados para el contacto con alimentos.
Este punto es crucial para desarmar el relato de la toxicidad. La certificación asegura que el agua transportada no sufre alteraciones químicas ni organolépticas, cumpliendo con los protocolos de salud pública más estrictos a nivel mundial. No se trata de una opinión, sino de un seguimiento de la cadena de suministros que vincula cada unidad fabricada con lotes de materias primas de grado alimenticio.
El camino hacia esta claridad no fue lineal. La Justicia de San Juan, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, realizó inspecciones oculares en los depósitos de la obra para verificar el estado de los caños, respondiendo a denuncias que sugerían irregularidades en las licitaciones N° 2224 y N° 2348. En ese contexto, el rol de la Fiscalía de Estado y la Fiscalía General de la Corte fue garantizar que el patrimonio de los sanjuaninos no fuera afectado por un supuesto dolo en la compra de materiales no aptos.
Sin embargo, los resultados de la inspección técnica de obra, a cargo de la consultora Interacción SAS, ya habían sido categóricos al desestimar las versiones periodísticas que cuestionaban la seguridad de los materiales. La consultora ratificó que no existe ningún informe técnico que ponga en duda la aptitud de los conductos, validando la gestión de cada etapa del proyecto.
Desde la planta de Krah en el Parque Industrial de Albardón, donde ingenieros y técnicos sanjuaninos operan tecnología alemana de punta, la postura siempre fue de apertura. La empresa enfatizó que el polietileno de alta densidad (PEAD) es el estándar global para acueductos por su resistencia y seguridad, desarticulando versiones que pretendían asignar a estos tubos un uso exclusivamente cloacal.
La presentación de la documentación técnica ante Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) parece ser el último eslabón de una cadena de transparencia. El informe de Bureau Veritas aclara explícitamente que cualquier referencia a aplicaciones particulares en certificados anteriores no debe entenderse como una limitación: los tubos son técnicamente aptos para acueductos con o sin presión y para el transporte de agua potable.
¿Hubo dolo o perjuicio al Estado? Los hechos y las certificaciones indican lo contrario. La infraestructura hídrica más estratégica de San Juan se consolida bajo parámetros de ciencia y técnica que exceden la coyuntura política. El doble aval, el de la auditoría externa internacional y el de la inspección directa en el terreno, cierra el margen para la especulación.
Lo que queda en limpio es una industria local con proyección regional y una obra destinada a llevar agua segura a las próximas generaciones de sanjuaninos. En un mundo donde la desinformación suele viajar más rápido que los datos, el rigor de una firma internacional como Bureau Veritas devuelve la discusión al terreno de la verdad técnica: los caños son seguros, la inversión está protegida y la salud pública, garantizada.
