Daniel G. Solar
Este jueves 26 de febrero de 2026 no es un día más en el calendario legislativo argentino. En el Senado de la Nación se respira un clima de alta tensión y definiciones contrarreloj. En una sesión extraordinaria que promete extenderse, la Cámara Alta trata la polémica modificación de la Ley de Glaciares. Este debate excede lo técnico y se mete de lleno en las entrañas de los modelos de desarrollo provinciales.
En este escenario de rosca política y lobby, la Iglesia Católica no se queda al margen. A través de la Comisión de Justicia y Paz de San Juan, emitió un duro documento titulado "Proteger las fuentes de vida: El cuidado de los glaciares". La postura marca un límite ético y abre una grieta con el poder político local, particularmente con el Partido Justicialista sanjuanino, que cerró filas para avalar los cambios normativos buscando destrabar inversiones mineras.
Para comprender el reclamo eclesiástico, hay que adentrarse en su visión sobre estos ecosistemas. La Comisión de Justicia y Paz de San Juan es tajante: los glaciares no son meros recursos económicos, sino auténticas "catedrales de agua". Su función es vital, pues regulan el ciclo hídrico y son el sustento de la vida en regiones inmensas. En una provincia árida como San Juan, el valor de estas reservas estratégicas de agua dulce es incalculable para las generaciones actuales y venideras.
El documento, que adhiere a una carta de la Comisión Episcopal de Pastoral Social , exige una protección verdaderamente integral. Esto implica resguardar el hielo visible, el permafrost y los glaciares de roca, cuyo flujo base es a menudo el único sostén de nuestros ríos en periodos de sequía extrema.
Además, la entidad se fundamenta en la Encíclica Laudato Si'. El acceso al agua potable es un "derecho humano básico, universal e inalienable". Alterar este ecosistema pone en riesgo la supervivencia hídrica regional , impactando primero en comunidades locales y sectores vulnerables. Recordando al Papa Francisco, el texto subraya: "Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable".
Mientras en el recinto del Senado se debate la reforma, en San Juan el impacto de este documento genera fuertes réplicas. El Partido Justicialista local tomó la decisión de acompañar la modificación de la norma. Su argumento, alineado con las cámaras empresariales, se apoya en la necesidad de flexibilizar la legislación para permitir el avance de grandes proyectos mineros, motor económico histórico de la provincia.
Sin embargo, esta jugada deja al peronismo sanjuanino en una posición incómoda frente al Obispado. Al apoyar la flexibilización, el PJ choca contra el principio de "No a la regresividad". La Ley N° 26.639 establece un piso de protección mínima que, según dicta la Iglesia, "no debe ser relativizado en favor de intereses sectoriales o coyunturales".
La fractura es evidente. Mientras la política tradicional busca respuestas inmediatas basadas en regalías, la Iglesia recuerda que el desarrollo no puede abordarse "desde una mirada meramente cuantitativa o de corto plazo". Quedar en la vereda de enfrente de la "ecología integral" tiene un alto costo político. El Papa enseña que existe una sola "crisis socio-ambiental". Al avalar la reforma hoy, el peronismo se expone a ser percibido como garante de la "lógica del descarte", ignorando el Principio Precautorio ante la falta de certeza científica sobre el impacto.
En las horas previas a la votación, la comisión sanjuanina intenta inclinar la balanza hacia la prudencia. Insta a los legisladores a "actuar con sabiduría y amor patrio en este debate fundamental". Exige que se atienda la voz de los científicos, particularmente de las Universidades locales, y de las comunidades afectadas para lograr un "discernimiento prudente y racional".
La Iglesia pide terminar con el "mito del progreso material sin límites" y reconocer la fragilidad de la naturaleza. Apelando a la conciencia de los senadores, evoca la "Solidaridad Intergeneracional". Les exige anteponer el bien común, honrando la "nobleza de la política" mediante la protección de la vida.
El Senado tiene hoy la definición. Pero la pregunta esencial de la Iglesia sanjuanina seguirá flotando mucho después de que se apaguen los tableros de votación: "¿qué mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?".
