Trabajadores civiles del 911 cumplen su tercera semana de protestas frente a la sede del CISEM en San Juan. Reclaman recategorización, plus salarial e insalubridad. Rechazan las declaraciones del secretario de Seguridad, quien sostuvo que detrás del reclamo hay motivaciones políticas.
Locales02/10/2025
Daiana Coria
La protesta de los operadores civiles del CISEM 911 (Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911) ya lleva tres semanas en la puerta del organismo. Los trabajadores reclaman mejoras salariales y laborales que, aseguran, fueron reconocidas como necesarias por las propias autoridades, pero que hasta el momento no tuvieron respuesta.
María Belén Moreira, una de las voceras del grupo, recordó que muchos llevan casi una década desempeñándose como operadores pero continúan encuadrados en la categoría 12, que corresponde a personal administrativo. “Necesitamos una recategorización urgente porque estamos en la categoría 12 como administrativos que no somos, somos personal profesional”, expresó.
Además de la recategorización, los manifestantes exigen el pago de un plus por la jornada diferencial de 24 horas, el reconocimiento de la insalubridad y la restitución de los descansos eliminados por la nueva gestión. Según Moreira, la dirección no solo no avanzó en los reclamos sino que empeoró las condiciones: “Cuando empezamos los reclamos, en vez de otorgarnos lo que estábamos pidiendo, nos quitaron un día de descanso”.
El conflicto se profundizó tras las declaraciones del secretario de Seguridad provincial, quien aseguró que detrás de la medida de fuerza había motivaciones políticas. Los trabajadores rechazan esa versión. Moreira planteó que se trata de una acusación infundada y sostuvo que, en realidad, es el propio gobierno el que da un uso político al CISEM. “Nosotros somos trabajadores que vemos pasar gestiones y no tenemos reconocidos nuestros derechos laborales”, señaló, y agregó que incluso fueron hostigados cuando intentaron reunirse con el funcionario: “Nos querían llevar detenidos cuando fuimos a la Secretaría a pedir una audiencia”.
En cuanto a lo salarial, la vocera explicó que el básico ronda los 243 mil pesos y que un plus representaría apenas un 30% de ese monto. Sin embargo, comparó esa negativa con los aumentos otorgados a asesores del gobierno: “Hay plata para algunas cosas como siempre, y para otras, para el trabajador de años, no”.
Los operadores insisten en que su labor es clave dentro de la seguridad provincial. No solo son quienes reciben y gestionan todas las emergencias, sino que también cumplen un rol en la prevención a través de las cámaras. “Nosotros somos el primer eslabón de esta cadena de la emergencia. Contenemos, gestionamos y después de nuestro trabajo trabajan la policía, el 107, bomberos, psicólogos”, explicó Moreira.
Finalmente, lamentó el escaso reconocimiento que recibe la tarea: “No mucha gente sabe que eso lo hace un operador civil. Pero somos los primeros en esta cadena, y es poco reconocido nuestro trabajo”.
Tras el reclamo iniciado en Iglesia, ahora familias y cámaras empresarias calingastinas exigen no pagar el cargo y reclaman una revisión inmediata de la medida. Desde la Cámara de Servicios Mineros, Adolfo Ibazeta cuestionó la falta de transparencia y pidió una tarifa justa.
El radiotelescopio en construcción en Barreal no solo fortalecerá la investigación astronómica en Argentina, sino que también atraerá inversión, turismo científico y formación de nuevos profesionales. Pablo Diez, secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, explicó los avances y desmintió los rumores sobre un supuesto uso militar del proyecto.
El politólogo señaló que las obras locales en San Juan son insuficientes y cuestionó la falta de propuestas frente a la crisis económica y la campaña electoral.
Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, celebró la aprobación del ingreso de Los Azules al RIGI y destacó la magnitud de la inversión, estimada en casi 3.000 millones de dólares, pero advirtió que los plazos de ejecución y la generación de empleo se darán de manera escalonada.
Marcelo Quiroga, referente de Comerciantes Unidos de San Juan advirtió que septiembre cerrará con una caída del 10% en las ventas y describió la crisis que atraviesa el sector en medio de la inestabilidad económica.
El integrante de la asociación Familias del Dolor y la Esperanza celebró la media sanción del proyecto que endurece las penas en siniestros viales con alcohol, fuga o exceso de velocidad. “Esto va a ayudar a tomar mucho más consciencia a la hora de conducir”, aseguró.
Tras una masiva protesta frente a la Legislatura, el vicegobernador Fabián Martín anunció que el proyecto de reforma de la ley de tránsito volverá a comisiones. Walter Ferreri, referente del sector, advirtió que la iniciativa oficial “ponía en riesgo 6.000 puestos de trabajo y favorecía a las aplicaciones extranjeras”.
Daniel Quiroga, secretario general de AMET, advirtió que la falta de recursos compromete la formación de técnicos y pone en riesgo la mano de obra calificada del país.
Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, celebró la aprobación del ingreso de Los Azules al RIGI y destacó la magnitud de la inversión, estimada en casi 3.000 millones de dólares, pero advirtió que los plazos de ejecución y la generación de empleo se darán de manera escalonada.
El politólogo señaló que las obras locales en San Juan son insuficientes y cuestionó la falta de propuestas frente a la crisis económica y la campaña electoral.
La junta interna del organismo cuestionó el uso “electoral” de las estadísticas oficiales y denunció que la afirmación de que 12 millones de personas salieron de la pobreza se basa en una lectura “sesgada” de los datos. También alertaron sobre la precarización laboral y el vaciamiento técnico del instituto.
El torneo que nació para mejorar las ligas locales de cada provincia, darles un premio al mérito deportivo que incentive a cada una, de a poco fue transformándose a un certamen con más "licencias" que otra cosa.
Trabajadores civiles del 911 cumplen su tercera semana de protestas frente a la sede del CISEM en San Juan. Reclaman recategorización, plus salarial e insalubridad. Rechazan las declaraciones del secretario de Seguridad, quien sostuvo que detrás del reclamo hay motivaciones políticas.