Daiana Coria
La contundente movilización de taxistas, remiseros y transportistas en el Centro Cívico y la Legislatura logró que el oficialismo diera marcha atrás con el tratamiento de la reforma de la ley de tránsito. El propio vicegobernador, Fabián Martín, debió anunciar públicamente que el proyecto será retirado de la sesión y enviado nuevamente a comisiones para un análisis más profundo.
Uno de los referentes del sector, Walter Ferreri, expresó con dureza su malestar por la manera en que el Gobierno manejó la propuesta, sin incluirlos en el debate. Según relató, los trabajadores vienen insistiendo hace años con sus propios aportes legislativos, pero nunca fueron escuchados. “Catorce veces presentamos un proyecto de ley propio, nunca nos escucharon. Esto no se debatió nunca, nunca, nunca”.
El dirigente explicó que el rechazo no se limita a la falta de diálogo, sino también al fondo del proyecto, que a su entender representaba un ataque directo a la historia y a los derechos adquiridos de miles de familias que viven del transporte. En ese marco, utilizó un ejemplo concreto para graficar la gravedad de la situación: “Dar de baja a todos los derechos adquiridos de 140 años para atrás, poniendo gente nueva y olvidándose de las familias que viven de este trabajo, eso no corresponde. Si vos sos dueño de una licencia de transporte desde hace 80 años porque era de tu abuelo, eso ya es un derecho adquirido. Que vengan a quitártelo es ir contra la propiedad privada”.
Ferreri también hizo hincapié en lo que considera una competencia desleal promovida por las aplicaciones digitales de transporte, a las que acusó de apropiarse de buena parte de los ingresos de los choferes locales y de favorecer la fuga de divisas al exterior. “Nos quieren sacar un 40% del bolsillo y encima sumarle otro 30% de comisión. Eso es dumping social y fuga de capitales disfrazada de modernidad. No es escarcelable, es delito penal”.
En cuanto a las consecuencias económicas y sociales que podría haber tenido la reforma, Ferreri no dudó en advertir que la medida habría sido devastadora para miles de familias. En ese sentido, detalló que el sector ya se encuentra en una situación crítica y que una modificación como la planteada podría haber profundizado la crisis: “Iba a dejar a 6.000 familias en la calle”.
El dirigente también dejó claro que la movilización que llevaron adelante fue apenas una muestra de su capacidad de protesta, aunque aclaró que no buscan confrontar con la sociedad, que ya atraviesa un contexto económico difícil. “Ayer mostramos apenas un 10% de lo que podemos hacer. No quisimos paralizar la provincia porque la gente la está pasando muy mal económicamente, pero estamos dispuestos a defender nuestro trabajo”.
Finalmente, Ferreri subrayó que no se oponen a realizar cambios en la normativa, siempre que sean consensuados y realmente útiles para mejorar el sistema, sin ser utilizados con fines electorales. “No queremos una ley nueva, queremos pequeñas modificaciones que mejoren el servicio sin mentiras. El transporte público está quebrado por la falta de recaudación, no nos usen de campaña”.
