Daiana Coria
Una nueva presentación judicial en Estados Unidos denuncia que el proyecto de inversión vinculado a la criptomoneda $LIBRA fue “falso” y que la estafa que afectó a decenas de miles de personas fue “estratégicamente programada”. La acusación forma parte de la demanda colectiva que impulsan inversores en los tribunales de Nueva York, donde se sostiene que el presidente argentino Javier Milei realizó una “promoción altamente engañosa” que generó “una falsa apariencia de legitimidad y afiliación al Gobierno”.
El documento fue presentado por los estudios Burwick Law y Hoppin Grinsell, que representan a los damnificados, y solicita mantener el congelamiento de más de 57 millones de USDC (una criptomoneda estable atada al dólar) distribuidos en dos billeteras digitales, “LIBRA Wallet 1” y “LIBRA Wallet 2”. La cautelar busca preservar los activos hasta la resolución del juicio, tras denunciar una maniobra deliberada de ocultamiento de fondos por parte de los responsables.
La causa tiene como principales acusados a Hayden Davis, creador del token y titular de Kelsier Ventures; a Benjamin Chow, ex CEO de la plataforma Meteora; y a Julian Peh, de la firma Kip Protocol. Si bien Milei no figura entre los demandados debido a su inmunidad como jefe de Estado, los abogados sostienen que su rol fue clave al publicar el 14 de febrero un mensaje en X (ex Twitter) que describía el proyecto como una forma de fondear pequeños emprendimientos, publicación que luego fue borrada. Ese acto, aseguran, fue el que generó confianza entre los inversores.
Sospechas de pagos, lavado y vínculos con el Presidente
En el escrito judicial se menciona que tras el colapso del token, un esquema conocido como “rug pull”, que implicó pérdidas por más de 280 millones de dólares, los acusados intentaron mover fondos hacia Argentina. Davis, de hecho, había manifestado su intención de transferir 500 millones en $LIBRA a una cuenta vinculada al proyecto “Viva la Libertad”, una iniciativa presentada como “altruista” por los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, cercanos al entorno presidencial y también imputados en la causa local.
Una devolución de 5 millones de dólares al influencer estadounidense Dave Portnoy permitió identificar la billetera desde donde se realizaron movimientos sospechosos, que posteriormente fueron rastreados por el ingeniero argentino Fernando Molinas. Entre ellos, figuran pagos por más de 5 millones de dólares en fechas clave, coincidentes con una visita de Davis a la Casa Rosada, el 30 de enero.
Los abogados acusan a los responsables del token de ocultar y blanquear activos mediante múltiples billeteras y transferencias rápidas, y de haber amenazado con enviar esos fondos a la Argentina. Además, cuestionan que los principales acusados intentan “eludir su responsabilidad alegando ignorancia” mientras buscaban aprovechar los fondos como “apalancamiento”.
La situación judicial en Argentina
Mientras tanto, en los tribunales federales de Comodoro Py, la causa está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Durante la feria judicial, se incorporaron nuevos elementos que podrían reactivar el expediente: entre ellos, la apertura y vaciamiento de cajas de seguridad por parte de familiares de Novelli, luego del tuit de Milei.
La querella del abogado Martín Romeo también pidió informes a distintas exchanges, como Binance, Kraken, Gate.io y Bitget, para identificar a quienes inyectaron fondos en billeteras sospechosas. Se investiga si existió uso de información privilegiada o incluso presuntos sobornos.
Davis, en una declaración presentada ante la justicia estadounidense, intentó responsabilizar a Milei por haber borrado el tuit que legitimaba el proyecto. El presidente, tras la polémica, afirmó que se trataba de una iniciativa privada y que no estaba interiorizado, versión que contrasta con los vínculos públicos que mantuvo con los impulsores de la criptomoneda.
El 19 de agosto se realizará una audiencia clave en Nueva York donde la jueza Jennifer Rochon deberá decidir si mantiene el bloqueo de fondos, reconoce la demanda colectiva y acepta su competencia sobre el caso. Mientras tanto, los demandantes sostienen que si no se dicta una medida cautelar urgente, “la disipación de activos será real e inminente”.
Fuente: Página 12
