Daiana Coria
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó la entrega de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios del actual y del anterior gobierno argentino, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. El objetivo: avanzar con un posible embargo de activos soberanos en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
La medida judicial forma parte del proceso de discovery, impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que buscan demostrar que empresas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Banco Nación no operan con independencia, sino como extensiones del Estado argentino. De lograrlo, podrían embargar bienes de esas compañías.
La solicitud también incluye a otros funcionarios y exfuncionarios como Santiago Caputo (asesor presidencial), José Ignacio de Mendiguren (exsecretario de Industria), Guillermo Michel (exdirector de Aduanas) y Gabriel Rubinstein (exsecretario de Política Económica).
El Gobierno argentino rechazó la orden y denunció un “abuso del proceso judicial”. La Procuración del Tesoro advirtió que apelará la medida, a la que calificó de “sin precedentes”, y afirmó que ya entregó más de 100.000 documentos en etapas anteriores del juicio.
“Los demandantes buscan embargar activos soberanos y necesitan demostrar que estas empresas funcionan como ‘alter ego’ del Estado. La jueza aceptó que los funcionarios utilizaron canales informales, como WhatsApp o Gmail, para ejercer funciones públicas”, explicó Sebastián Maril, analista de Research for Traders y especialista en litigios contra la Argentina.
Según Maril, no se trata de entregar teléfonos ni conversaciones completas, sino de realizar búsquedas específicas con palabras clave, como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”.
La defensa argentina acusó a los fondos litigantes de usar el discovery como estrategia de presión económica. “El financista Burford Capital reconoció ante sus inversores que busca entorpecer la reconstrucción económica del país”, afirmaron desde la Procuración del Tesoro.
Preska fijó una nueva audiencia para el próximo miércoles 6 de agosto, mientras el caso continúa su curso en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Ese tribunal deberá definir si confirma o suspende el fallo de primera instancia, que obliga a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones y entregar el 51% de las acciones de YPF.
Fuente: La Nación
