La Justicia respondió a una acción de amparo colectiva presentada por varias organizaciones de la sociedad civil en favor de personas con tratamientos oncológicos y otras enfermedades graves. El freno a la entrega de medicación oncológica se tradujo en la muerte de al menos siete personas.
NacionalesEl jueves
Una de las medidas más peligrosas y repudiables del ajuste llevado adelante por Javier Milei fue la quita de medicamentos a pacientes con cáncer y enfermedades graves, bajo el argumento de que había irregularidades (jamás probadas) en la entrega de esos insumos por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Quien llevó orgullosa la tarea de la reducción -al igual que el freno de alimentos a comedores populares-, fue la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, lo cual derivó en la muerte de al menos 7 personas que se quedaron sin su medicación.
Tras los persistentes reclamos de familiares de pacientes y denuncias de asociaciones civiles, la Justicia puso un plazo para que el Ministerio de Salud resuelva todos los requerimientos de medicación y subsidios demorados.
El Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, ordenó al Ministerio de Salud comandado por Mario Lugones y a la DADSE que resuelva, en un plazo de 10 días, los pedidos de medicamentos y subsidios que lleven más de 60 días de demora, tal como lo indica la Ley de Procedimientos Administrativos.
Así, la Justicia respondió a una acción de amparo colectiva impulsada en abril del 2024 por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de los y las pacientes con enfermedades graves.
El reclamo fue realizado por la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA); la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA); la Asociación Civil SOSTEN; la Fundación Entrelazando Esperanza; la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP); y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo, con el patrocinio letrado de la Red de Abogados de Argentina (RADA).
Según indicó la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA) la liberación de los precios de los medicamentos implicó "la discontinuidad o suspensión de al menos el 15% de los tratamientos realizados por los jubilados".
Asimismo, expresó que el fallo judicial "no solo es una victoria judicial de las organizaciones sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico. El acceso a medicamentos que salvan vidas no puede ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni por decisiones políticas que vulneren la dignidad de las personas".
Las faltas están en casi todas las farmacias y el stock en los vacunatorios es limitado. El laboratorio que las fabrica asegura que está expandiendo sus instalaciones para aumentar la capacidad de producción.
Vecinos y organizaciones ambientales de Traslasierra alertaron por la actividad de la empresa Almarai que, para cultivar alfalfa, utiliza exceso de agua y genera modificaciones artificiales del clima.
El precio de los medicamentos más utilizados por las personas mayores registró un aumento interanual del 206,7% en el gobierno de Javier Milei, según informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Carlos Cuburu, asumió en la Subsecretaría de Política Minera hace sólo seis meses. El desencadenante fue su candidatura a secretario ejecutivo del COFEMI, donde La Rioja se adueñó nuevamente de Cuyo.
A través de una carta dirigida al equipo de dirección, Octavio Pérez Pardo pidió quedar eximido del cargo, luego de que el Gobierno nacional quitara por decreto el presupuesto para la protección de bosques nativos.
El secretario general de la Asociación del Personal Superior de la Energía Eléctrica de la República Argentina (APSEE) advirtió que "la crisis energética pondría al gobierno de Milei al borde del abismo".
Las PyMes ya no son escuchadas por las grandes mineras y se ven en desventaja ante empresas chilenas, catamarqueñas y peruanas. En Josemaría habría contratadas al menos 14 empresas trasandinas.
La Justicia respondió a una acción de amparo colectiva presentada por varias organizaciones de la sociedad civil en favor de personas con tratamientos oncológicos y otras enfermedades graves. El freno a la entrega de medicación oncológica se tradujo en la muerte de al menos siete personas.
El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) publicó un informe sobre las expectativas de las pequeñas y medianas empresas de cara al 2025 que advierte que "incluso para los más optimistas, las señales actuales apenas permiten un moderado entusiasmo".
La decisión de la defensora del Pueblo fue analizada por los jefes comunales en la reunión del 26 de diciembre en la sede del PJ. Exigieron que asuma, pero fueron desairados.
El Juzgado Federal N°, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la resolución de la secretaria de Industria y Comercio de la Nación.