La Justicia respondió a una acción de amparo colectiva presentada por varias organizaciones de la sociedad civil en favor de personas con tratamientos oncológicos y otras enfermedades graves. El freno a la entrega de medicación oncológica se tradujo en la muerte de al menos siete personas.
Nacionales02/01/2025
Una de las medidas más peligrosas y repudiables del ajuste llevado adelante por Javier Milei fue la quita de medicamentos a pacientes con cáncer y enfermedades graves, bajo el argumento de que había irregularidades (jamás probadas) en la entrega de esos insumos por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Quien llevó orgullosa la tarea de la reducción -al igual que el freno de alimentos a comedores populares-, fue la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, lo cual derivó en la muerte de al menos 7 personas que se quedaron sin su medicación.
Tras los persistentes reclamos de familiares de pacientes y denuncias de asociaciones civiles, la Justicia puso un plazo para que el Ministerio de Salud resuelva todos los requerimientos de medicación y subsidios demorados.
El Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, ordenó al Ministerio de Salud comandado por Mario Lugones y a la DADSE que resuelva, en un plazo de 10 días, los pedidos de medicamentos y subsidios que lleven más de 60 días de demora, tal como lo indica la Ley de Procedimientos Administrativos.
Así, la Justicia respondió a una acción de amparo colectiva impulsada en abril del 2024 por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de los y las pacientes con enfermedades graves.
El reclamo fue realizado por la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA); la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA); la Asociación Civil SOSTEN; la Fundación Entrelazando Esperanza; la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP); y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo, con el patrocinio letrado de la Red de Abogados de Argentina (RADA).
Según indicó la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA) la liberación de los precios de los medicamentos implicó "la discontinuidad o suspensión de al menos el 15% de los tratamientos realizados por los jubilados".
Asimismo, expresó que el fallo judicial "no solo es una victoria judicial de las organizaciones sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico. El acceso a medicamentos que salvan vidas no puede ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni por decisiones políticas que vulneren la dignidad de las personas".
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