Para Alejandro Vanoli, ex titular del BCRA, el 48% de inflación fijado en el acuerdo con el Fondo es solo un piso, teniendo en cuenta el alza de los precios internacionales.
Política09/03/2022
La cotización internacional de la soja llegó a los 630 dólares la tonelada, el trigo se ubicó en los 467 dólares y el maíz roza los 300 dólares. Por diferentes motivos, el precio de las principales materias primas agropecuarias que comercializa la Argentina pegará de lleno en el valor local de los alimentos y trastocará la pauta de inflación acordada con el FMI.
“La evolución de los precios compromete la meta inflacionaria, genera mayor gasto en energía y presiona a un mayor déficit fiscal y achica el superávit externo porque los precios de nuestros productos exportables crecen menos que los de importación. Por ende, el techo del 48 por ciento (establecido en el acuerdo) es un piso. El Índice de Precios al Consumidor será mayor”, sostuvo a BAE Negocios Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, quien además vaticinó que deberán revisarse los números del acuerdo con el Fondo.
“Ningún país va a poder cumplir las metas ante estos precios de los commodities salvo algunas naciones exportadoras de petróleo”, agregó el economista, quien también dirige la consultora Synthesis.
En el discurso público, tanto el Gobierno como el propio staff del FMI insisten en que uno de los objetivos del acuerdo es reducir la inflación. Sin embargo, distintos analistas consultados por BAE Negocios afirman que no existe ningún ancla anti inflacionaria, salvo la monetaria.
“El acuerdo propone un programa que busca elevar las tasas de interés, situación que podría impactar en mayores costos para la producción. Las tarifas aumentarán en función del objetivo de reducir los subsidios un 0,6 por ciento el PBI. Todo impactará en la evolución de los precios. Si nos sujetamos a las definiciones del texto, es inflacionario. De esta manera se licuarán los salarios e ingresos, y en la arena fiscal, el gasto público”, sostuvo la economista Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
“Sin intervención del gobierno (impuestos a la exportación y/o subsidios a las importaciones), sea por cambios en los precios internacionales o por alteraciones en el tipo de cambio nominal, los precios internos de los bienes transables no pueden alejarse mucho de sus precios internacionales traducidos en pesos”, sostienen desde la Red de Justicia Fiscal de América latina y el Caribe, Proyecto Económico, Fundación SES, LATINDADD, próximos a publicar un informe con cuestionamientos al acuerdo con el FMI.
La cuestión de la regulación del precio de los alimentos es clave. Si bien el Fondo avala que haya acuerdos – voluntarios - de precios, tal medida parecería quedarse corta frente a la escalada internacional.
“Si bien se asume que la inflación es multicausal, se eliminan herramientas que permitirían enfrentarla. Ya no se puede contener tarifas, ni el tipo de cambio. También se renuncia al control de variables financieras y tributarias como las retenciones y otros impuestos. Por lo tanto, quedaría como única herramienta la dimensión fiscal, es decir, la contracción económica”, analizó Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
En el análisis del acuerdo que realizaron los legisladores cercanos a Máximo Kirchner, quienes dieron un paso al costado de la Comisión de Finanzas para no avalar el dictamen del proyecto, se destaca la misma ausencia de regulación: “La multicausalidad de la inflación parece reducida solo a la cuestión monetaria. Además, lo más notorio es la ausencia de instrumentales para desacoplar los precios locales de la persistente y compleja situación internacional”, indicaron.
Tarifas y costos de producción
El otro aspecto que podría empujar la inflación es el aumento de tarifas. Para Andrés Repar, Integrante del IESO y del grupo BOLIVAR, en vez de aplicar aumentos en los servicios públicos para recortar subsidios, el gobierno podría enfocarse en los “incentivos extras” que se les paga a las operadoras de gas, recursos que podrían ser volcados a la economía real.
“El costo de producción, con impuestos y regalías, es de 1,60 dólares el millón de BTU. Hoy el Gobierno les garantiza un valor de 3,53 dólares. Con 3 dólares de subsidio ya tendrían una ganancia superior al 80 por ciento. El resto es sobreprecio. De esta manera el Estado podría ahorrarse 500 millones de dólares para volcar a la economía real en vez de restringir la demanda con la suba de tarifas”, concluyó Repar en diálogo con BAE Negocios.
Fuente: BAE Negocios
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