La iniciativa tiene como principales ejes la búsqueda de un crecimiento sostenible e inclusivo en el tiempo, la lucha contra la inflación, el logro de una estabilidad cambiaria y la reducción del financiamiento monetario, entre otros puntos.
Economía03/03/2022
El acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como principales ejes la búsqueda de un crecimiento sostenible e inclusivo en el tiempo, la lucha contra la inflación, el logro de una estabilidad cambiaria, la reducción del financiamiento monetario, políticas de precios e ingresos, la reducción del déficit fiscal, los subsidios que se destinan a las tarifas del sector energético y la potenciación de las exportaciones, la inversión y la productividad.
Desde el Palacio de Hacienda subrayaron que el entendimiento reconoce la importancia de "impulsar políticas de crecimiento y resiliencia" para abordar los "cuellos de botella de largo plazo" y sentar las bases de un "crecimiento más sostenible e inclusivo" en el tiempo.
Estas políticas tratarán de "potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales", se planteó.
También se coincidió en que la inflación es un "fenómeno multicausal" que debe ser abordado desde un "enfoque integral" y que la condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un "proceso de acumulación de reservas".
Por ello, el programa refuerza el compromiso de "estabilidad cambiaria", descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.
Al mismo tiempo, se avanzará en una "consolidación fiscal progresiva" que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la "recuperación de la actividad económica" y una "reducción gradual del financiamiento monetario" del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en "tasas de interés reales positivas" para fortalecer la demanda de activos en pesos.
También este proceso será acompañado por "políticas de precios e ingresos" que contribuirán a "anclar expectativas en pos de una desinflación gradual" junto a una continuidad de la "recuperación de los ingresos reales".
Para lograr niveles de tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad "razonables y susceptibles" de ser aplicadas con "criterios de justicia y equidad distributiva", contempla un esquema de "segmentación de subsidios" que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.
En forma complementaria, se desarrollará un "plan energético de mediano plazo" para incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, reducir las pérdidas en el segmento de distribución, mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso, fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos y asegurar que las tarifas reflejen los costos.
El entendimiento, cerrado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, será elevado en las próximas horas al Congreso e incluirá como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.
Desde el Palacio de Hacienda precisaron que la iniciativa -que lleva como título "Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresará al Parlamento en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley del Parlamento que lo apruebe expresamente.
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