Daiana Coria
La deuda flotante, uno de los indicadores clave que monitorea el Fondo Monetario Internacional (FMI), se duplicó en el primer semestre del año: pasó de $1,6 billones en enero a $3,2 billones en junio, el mismo monto que el superávit fiscal acumulado en ese período.
Este tipo de deuda representa compromisos de pago ya asumidos por el Estado pero aún no efectivizados, y funciona como una especie de financiamiento encubierto. Aunque no forma parte del núcleo duro del acuerdo con el FMI, tiene un límite máximo establecido de $6,3 billones en el programa vigente, que si bien no es vinculante, el organismo sigue de cerca.
Según datos de la Tesorería General de la Nación, el crecimiento de estos pasivos encendió alertas sobre la dinámica del gasto público. El número informado corresponde sólo a la administración central, por lo que el monto total del sector público, que incluye organismos descentralizados y empresas estatales, podría ser mayor.
En junio, la deuda flotante incluía $280.000 millones en pagos pisados correspondientes a 2024, y otros casi $3 billones de arrastre. Este tipo de pasivos no se contabiliza dentro de las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que se considera una “deuda invisible”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la mayor parte de esta deuda corresponde a transferencias del Estado a provincias, municipios, universidades, empresas públicas y privadas, fondos fiduciarios y jubilaciones.
En ese marco, el Ministerio de Economía se fijó una meta fiscal más estricta que la pactada con el FMI, 1,6% de superávit primario para este año, con el objetivo de reforzar la señal de disciplina ante el mercado y evitar presiones sobre el tipo de cambio.
Informes recientes reflejan una desaceleración en el ajuste fiscal. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) señaló que tras el fuerte recorte del gasto a comienzos de 2024, las variaciones interanuales ahora oscilan entre valores positivos y negativos. Por su parte, la consultora Analytica estimó un aumento del 1,9% en términos reales del gasto primario entre enero y junio, en comparación con el mismo período de 2023. Casi la mitad del gasto total, 26,4 billones de los 53,5 ejecutados, fue destinado a jubilaciones y pensiones.
Distintas consultoras advierten que el desafío para el Gobierno será sostener el equilibrio fiscal en un contexto de caída de ingresos prevista para 2025, producto de la baja de impuestos como el PAIS y Bienes Personales, y la reducción de retenciones y aranceles. También señalan la necesidad de reducir el costo financiero de la deuda en pesos, que aún representa un factor de riesgo para la estabilidad macroeconómica.
