Investigan irregularidades en el programa que usó Cambiemos para echar miles de estatales

En la presentación se indica que el programa utilizado por la cartera que estuvo a cargo de Andrés Ibarra para definir la cantidad óptima de trabajadores que debían conformar de la planta estatal no fue formalmente aprobado, no tuvo presupuesto asignado, ni tenía un diseño metodológico que justificara su implementación.

La fiscal federal Alejandra Mangano impulsó la investigación que le delegó el juez Luis Rodríguez y requirió la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), según informaron fuentes judiciales a Télam.

"En la presente se investigarán diversas irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación, en el marco de las labores propias realizadas en el ámbito del ex Ministerio de Modernización, vinculadas con la gestión de dicho organismo correspondiente a los Ejercicios 2016 y 2017", sostuvo la fiscal en el dictamen al que accedió esta agencia.

En la denuncia presentada por la AGN, se indica que "el auditado definió una dotación optima de personal que, en comparación con el existente resultó ser de 16 por ciento menor, a través de un programa que no se encuentra formalmente aprobado, ni identificado en el presupuesto y no posee metas específicas".

La Auditoría también señaló que "no existe un documento u acto administrativo que apruebe la implementación del programa de dotaciones, ni el diseño metodológico del proceso de análisis a cargo del Estado Nacional, circunstancia que le resta formalidad y transparencia a la gestión del programa".

Para la AGN, se trató de un programa que tuvo un "alto grado de impacto y que se trata de una actividad que no presenta antecedentes en el orden nacional", que para el momento de su implementación contaba con una dotación de unos 210.000 agentes.

"Otro hallazgo fue la detección de irregularidades en el marco del Convenio de Asistencia Técnica con la UBA, con el objeto de establecer la dotación óptima de personal de las reparticiones descentralizadas del PEN", se indicó en la denuncia.

"En ese convenio se definió el perfil de los consultores técnicos necesarios para el cumplimiento del servicio contratado, más posteriormente fue necesario contratar diversos servicios de consultoría a fin de desarrollar acciones de capacitación y acompañamiento a los asistentes técnicos de la universidad sobre aspectos relacionados con el cumplimiento del objeto principal del acuerdo. Es decir, se contrataron consultores que, a su vez, debieron ser capacitados contratando servicios de consultoría previa", se indicó.

La Auditoría General de la Nación es el organismo que asiste técnicamente al Congreso de la Nación Argentina en el control del estado de las cuentas del sector público y es precisamente el parlamento el órgano que define cuáles serán los objetivos a controlar.

Fuente: Télam