El papelón del MPF en la causa Acueducto obligó a la jueza de Garantía a ir a cuarto intermedio

Tras casi un año de instrucción preliminar impulsada con alto impacto mediático, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo del ex diputado nacional basualdista Guillermo Baigorrí, protagonizó un verdadero papelón en Tribunales que desnudó la endeblez de la causa por el Acueducto Gran Tulum, cuando este martes la jueza de Garantía, Mónica Lucero, interrumpió la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y ordenó pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 14:30 hs. tras advertir a las partes que no podía continuar con el acto por el incumplimiento de las pautas procesales.

Esta decisión de la magistrada en la Sala 9 se produjo ante la falta de profesionalismo del fiscal Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, quienes incumplieron lo que marca el artículo 340 del Código Procesal Penal al vulnerar el principio de oralidad. Lejos de exponer con solvencia, la fiscalía leyó un escrito sobre supuestos direccionamientos entre 2013 y 2023 a favor de la proveedora Krah América Latina S.A., vinculada a Gustavo Mastelono y al fallecido apoderado Gustavo Horacio Monti, aludiendo a la norma alemana DIN PAS 1065:2007 y a un contrato con aumentos del 55%, pero sin precisar las conductas individuales de los imputados.

Tras advertir "si usted dejara de leer, sería tanto más claro, fiscal", la jueza Lucero frenó la lectura de un expediente que el fiscal Gómez evidenció no haber liderado y lanzó una dura reprimenda: "Hace un año que se está investigando la causa. El relato debe ser claro, conciso, preciso. Dije entonces que evitarán las lecturas, que evitarán mencionar los mecanismos por los cuales se llegó a la decisión. Ya que este acto consiste solamente en la enunciación del hecho y la imputación individual de cada una de las personas que participan. Va a ser una decisión unilateral. Objeto de impugnación, claramente. Pero yo no puedo continuar con éste acto. Dicho esto, entonces, vamos a hacer un cuarto intermedio, para que se organice mañana ya que han tenido un año para hacerlo prácticamente, hasta las 14:30 horas. Y les pido disculpas".

El bochorno de la fiscalía conducida por Baigorrí generó duras críticas en las defensas. Para algunos de los abogados defensores, "el fiscal no hizo una relación clara de los hechos tal como lo exige la norma. Además leyó absolutamente toda la imputación cuando en este sistema penal prima la oralidad. Y teniendo en cuenta el tiempo que llevan investigando resulta grave hacer una formalización tan desprolija", sostuvo. Otro de los abogados defensores expresó que "la verdad fue un desastre lo que hizo el Ministerio Público Fiscal. No alcanzó a desarrollar los hechos. La objetividad de la imputación fue un mamarracho, por eso se tuvo que cortar y les pidió (la jueza) que se ordene y que mañana (por hoy) seguimos. Un desastre. La jueza los sorprendió y le dijo que era un desastre, prácticamente, que no estaban preparados para realizarla (la formalización)".

Al salir, el ex gobernador y senador nacional, Sergio Uñac, cuestionó el desempeño de los investigadores y responsabilizó a la Fiscalía por lo ocurrido: "Vinieron acá sin haber estudiado, rompieron el principio de oralidad y leyendo todo. El que se lo escribió le tendría que haber dicho que lo tenía que estudiar. La jueza se cruzó de brazos y le dijo varias veces que no podía leer. Y él siguió leyendo y la jueza seguía sin poder escribir". Por su parte, el fiscal Gómez buscó excusarse alegando que "no se puede resumir 10 años de irregularidades en dos horas" y declaró ante la prensa: "Intentaremos mañana redondear un poco más el hecho, hacerlo más global, más genérico. Espero que eso a la señora jueza de garantía le baste y no implique un planteo de nulidad".

Más allá del naufragio procesal, la audiencia de formalización debió ser suspendida desde el inicio ante la ausencia del ex ministro Julio Ortiz Andino, quien está en Europa y le había avisado a la jueza que podía estar presente por Zoom. Precisamente esa misma situación había sido planteada en octubre por el diputado nacional Cristian Andino y el senador Sergio Uñac por su labor legislativa, pero entonces Lucero se negó a la conexión virtual y pasó la audiencia para este 10 de noviembre, mientras que ahora avanzó igual pese al reclamo de competencia del juzgado federal subrogado por Daniel Rafecas, dejando en claro que sólo buscaban la "foto" de los dos legisladores sentados ante la jueza en una clara maniobra política-electoral al mejor estilo de Comodoro Py.

La Fiscalía tuvo un año para ordenar el relato, para estudiar la causa y para llegar con los deberes hechos. En lugar de eso, eligió replicar el manual de la vieja escuela: leer todo, no escuchar a la jueza y confiar en que el papel aguanta todo. Mientras tanto, la causa del Acueducto sigue empantanada y la sociedad sanjuanina mira cómo el MPF, que lidera el basualdista Guillermo Baigorrí, hace equilibrio entre el ridículo y la incapacidad de gestionar una audiencia que debía ser el puntapié formal de una investigación clave.