Milei abre el cupo local del RIGI a extranjeras y golpea a los proveedores mineros de San Juan

El "compre sanjuanino" y el escudo de desarrollo local prometidos con la sanción de la
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, puso en alerta a las cámaras empresarias de San Juan, a la oposición legislativa y a consultoras sectoriales al habilitar que sociedades de capitales íntegramente extranjeros califiquen como "proveedores locales" del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el solo requisito de constituirse y fijar domicilio en la Argentina.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo nacional justificó el cambio como una "adecuación puntual" para "promover una mayor concurrencia de proveedores y el desarrollo de encadenamientos productivos locales", manteniendo las reglas de origen nacional del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR únicamente para bienes. Pero el artículo 1° sustituyó el inciso f) del artículo 3° del Anexo I del Decreto 749/2024 y suprimió la exigencia de que al menos el 51% del capital social o de los votos perteneciera a titulares con domicilio fiscal en el país.
El piso del 20% de compre local en bienes y obras del RIGI no se modificó, aunque desaparece la garantía de que beneficie a firmas de capital argentino. En San Juan, donde proyectos como Vicuña y Los Azules demandarán campamentos, caminos, líneas eléctricas, trituración, transporte, ingeniería, explosivos, bombas y tratamiento de agua, especialistas confirmaron que las pymes locales competirán bajo la misma categoría normativa que subsidiarias chilenas, chinas, canadienses o estadounidenses de mayor escala. Un referente sectorial citado por ese medio sentenció: "Desaparece la categoría de proveedor argentino".
El antecedente del proyecto Vicuña ya había marcado la tensión. La operadora anunció la importación desde China de una ciudad modular de 45.000 metros cuadrados y más de 4.500 toneladas de acero listas para ensamblar, una obra que, según la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada, habría generado entre 400 y 500 empleos directos frente a unos 50 puestos de montaje. Alejandro "Topo" Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, advirtió que una firma extranjera radicada en el país que fabrique equipos mineros computará como local aunque todos sus accionistas estén en el exterior, mientras la consultora Paspartú, de Juan José Carbajales, alertó sobre el perjuicio al entramado productivo nacional.

Por su parte, CAPRIMSA, presidida por Fernando Godoy, sostuvo que "los proveedores sanjuaninos no pueden quedar al margen de las oportunidades que genera nuestra minería". Más dura fue la Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA), que en un comunicado firmado por José Adolfo Ibaceta y Alfredo Amín calificó el decreto como una "situación incoherente y vergonzosa" que pone a las pymes a competir "con cualquier filial extranjera con una oficina en Buenos Aires", y reclamó dejar sin efecto el Decreto 1366 y reglamentar la Ley 2827-M "sin más demoras".
El cuestionamiento llegó al recinto de la Cámara de Diputados de San Juan. La exministra de Hacienda y actual diputada provincial Marisa López advirtió en sesión que, con el Decreto 1366/2026 aplicable al proyecto Vicuña adherido al RIGI, "ha quedado un poco en letra muerta lo sancionado por esta Cámara de Diputados a través de la Ley 2827, donde exigíamos la composición del capital de las empresas". López remarcó que "esa Ley 2827 de Desarrollo Local Minero no está reglamentada" y concluyó que "hoy rigen las disposiciones del RIGI y sus decretos reglamentarios, como el que ha salido ayer, en perjuicio de los proveedores locales mineros".
Mientras la
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