Juan Manuel Orrego
Lo que debiera ser un puente entre los actos de gobierno y la comunidad se está convirtiendo, día a día, en un muro. Bajo la custodia de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Emilio Achem, y la Subsecretaría de Información Pública a cargo de Marcelo Rivas –cuyo responsable no cuenta con trayectoria conocida en los grandes medios provinciales, la única trayectoria que tiene es ser empleado de planta municipal–, la política comunicacional del gobierno de Marcelo Orrego está bajo escrutinio por su creciente tendencia a limitar, condicionar y hasta reprimir el acceso a datos públicos.
En las últimas horas, un comunicado emitido por la Oficina de Relaciones Policiales estableció pautas previas para la difusión de información vinculada con los procedimientos y actividades de la Policía provincial.
La norma, difundida en las últimas horas por la Oficina de Relaciones Policiales, establece que cualquier información sobre los procedimientos, servicios o hechos que involucren a la institución debe seguir lineamientos preestablecidos y contar con autorización previa antes de ser divulgada. La medida generó un profundo malestar tanto dentro de las filas policiales –donde muchos consideran que cercena la capacidad de explicar su labor a quienes sirven– como en el ecosistema periodístico, que ve amenazada su función de informar con independencia.
Algunas fuentes consultadas por este medio, confirmaron que la orden no surgió de la propia oficina de prensa policial, aunque aseguran que la medida habría sido impartida directamente desde la cartera de Seguridad provincial, a cargo del Dr. Enrique Alejandro Delgado. Y no se trata de un hecho aislado: según los mismos relatos, esta forma de actuar se ha vuelto una práctica recurrente en su gestión, que busca centralizar todo flujo de información y evitar que se difundan datos que no se ajusten estrictamente a la narrativa oficial.
La policía es una institución que actúa en nombre de la comunidad y con fondos públicos. Sus actuaciones son de interés general, y cualquier restricción a su difusión sin una justificación legal sólida –más allá de razones de seguridad operativa que ya contemplan las normas vigentes– suena a ocultamiento. ¿Qué se intenta evitar? ¿Qué hechos no se quieren que salgan a la luz? Las preguntas quedan flotando, alimentando la desconfianza.
Pero la preocupación aparece cuando estas decisiones comienzan a repetirse en distintos organismos del Estado y configuran una misma lógica comunicacional: concentrar el manejo de la información y limitar quién puede hablar, cuándo puede hacerlo y bajo qué condiciones. La falta de trayectoria en medios de comunicación de quién está al frente de la Subsecretaría de Información Pública no es un detalle menor: revela una concepción de la comunicación pública como gestión de imagen, no como servicio a la ciudadanía. Quienes conocen el oficio periodístico saben que la información no se "administra" como un recurso cerrado: se abre, se contrasta, se debate.
Un antecedente que alimenta el debate
El episodio recuerda inevitablemente la decisión adoptada tiempo atrás por el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, quien dispuso restricciones para que los fiscales comunicaran a la prensa aspectos vinculados con las investigaciones y causas judiciales.
Aquella resolución ya había despertado cuestionamientos dentro del ámbito periodístico al considerar que restringía el flujo de información institucional hacia la ciudadanía.
El dato que vuelve inevitable la comparación es que ambas decisiones presentan una llamativa coincidencia temporal y conceptual con una modalidad comunicacional que comenzó a observarse durante la gestión de Sofía Correa, quien cumplió funciones en el área de Seguridad y posteriormente pasó a desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal.
En ese momento, la medida recibió cuestionamientos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) por su posible impacto sobre el acceso a la información pública y el trabajo periodístico.
El comunicado de Relaciones Policiales abre interrogantes que aún no tienen respuesta oficial.
¿Por qué resulta necesario establecer nuevas restricciones para comunicar hechos policiales?
¿Qué problema pretende resolver esta medida?
¿Se busca únicamente ordenar la comunicación institucional o limitar el acceso de la prensa a la información?
Y, sobre todo, ¿por qué distintos organismos del Estado en la era de Orrego, parecen avanzar en una misma dirección cuando se trata de restringir la comunicación pública?
La confianza ciudadana no se fortalece controlando el flujo de la información. Se construye con transparencia, apertura y rendición permanente de cuentas.
Porque cuando un gobierno comunica menos de lo que puede, la pregunta deja de ser periodística y pasa a ser ciudadana: ¿Qué información considera que la sociedad no debe conocer?
