Valentina Romo MillánEl conflicto universitario vuelve a escalar en todo el país y tiene un fuerte impacto en San Juan, donde el gremio docente nucleado en SIDUNSJ sostiene una semana completa de paro con alto nivel de adhesión. La medida de fuerza marca el inicio del cuatrimestre y responde a un reclamo central: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial para el sector.
El conflicto tiene un largo recorrido institucional que, pese a resoluciones favorables para el sector universitario, no logró traducirse en mejoras concretas en los ingresos. La ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el propio Congreso al rechazar ese veto. Sin embargo, denuncian que el Gobierno nacional no cumplió con su implementación. A esto se suma un fallo del Poder Judicial que ordena actualizar los salarios docentes de acuerdo a la inflación acumulada, una resolución que tampoco fue ejecutada.
En este contexto, desde CONADU definieron un plan de lucha con paros progresivos y escalonados, que se profundizará en caso de que continúe el incumplimiento de la normativa. Según detalló, Guadalupe Aguiar, Secretaria General del SIDUNSJ, ya están previstas nuevas medidas de fuerza para la semana del 30 de marzo, otra instancia de paro hacia fines de abril y una jornada clave el 23 de abril, cuando se impulsará una nueva Marcha Federal Universitaria. La convocatoria buscará replicar el impacto de la histórica movilización del 2024, considerada un hito en defensa de la universidad pública argentina, con fuerte participación en San Juan.
La Secretaria General advirtió que además el conflicto podría escalar en el corto plazo debido a los movimientos del Congreso. “Nuestra comisión directiva está en alerta permanente y en sesión continua porque está en la agenda parlamentaria una posible modificación de la ley de financiamiento universitario que el Gobierno quiere impulsar, justamente para no aplicar o seguir sin aplicar la normativa vigente”, señaló.
En este sentido, anticipó que, de avanzar este proyecto podrían profundizar las medidas de fuerza: “Si eso ocurre, es muy probable que en los plenarios surja un paro para el momento del tratamiento”, explicó.
El proyecto enviado al Congreso por parte del Gobierno Nacional propone un aumento del 12,3% en 3 cuotas,sin contemplar la pérdida salarial acumulada durante el 2024, que según el gremio alcanza el 34%. “Por eso no queremos que esto avance, exhortamos a los bloques del Congreso a rechazar esa modificación porque hay una ley vigente que el Congreso aprobó, ratificó y está en vigencia” detalló la dirigente.
En paralelo, el conflicto también alcanza a los institutos preuniversitarios, donde un grupo de padres planteó la necesidad de garantizar al menos un 75% de presencialidad, argumentando que la educación debe considerarse un servicio esencial en el marco de la Ley de Modernización Laboral.
Consultada sobre este punto, Aguiar aclaró que existe una interpretación errónea sobre los alcances de la normativa. “Hay una distorsión en la interpretación de la ley de reforma laboral y de sus competencias”, explicó.
La dirigente sostuvo que la aplicación que el gobierno provincial comenzó a ensayar en otros nivel educativos no es trasladable al ámbito universitario. “Son distintos empleadores. El gobierno provincial es responsable de la educación obligatoria, mientras que en la universidad el empleador es el rectorado, y además interviene la justicia federal, no la justicia provincial”, precisó.
Finalmente, la secretaria general fue contundente al referirse al impacto del conflicto en la comunidad universitaria: "Hay que poner el foco, no somos los docentes quienes queremos perjudicar a los estudiantes. Quién está perjudicando a las universidades públicas, y por lo tanto a sus estudiantes, a sus docentes y a los no docentes, es el Gobierno Nacional. Se hace insostenible para las familias de los docentes universitarios seguir dando clases a cambio de nada o de muy poco”. concluyó
