Daniel G. Solar
La cartera que conduce Luis "Toto" Caputo oficializó una medida crucial para el sector agropecuario sanjuanino: la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de la provincia de San Juan. La decisión responde a los severos daños causados por el granizo y la plaga de Peronóspora en diversas producciones frutihortícolas.
La resolución, publicada el 2 de septiembre de 2025, da por declarado el estado de emergencia desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Esta fecha también fue fijada como el fin del ciclo productivo para las explotaciones afectadas, un paso clave para que los productores puedan acceder a los beneficios y paliar las pérdidas.
Los departamentos incluidos en esta declaratoria son: Angaco, 9 de julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal. La medida abarca una amplia gama de cultivos, entre los que se destacan la vid, el membrillo, la alfalfa, los almendros, el durazno, la granada, el nogal, la manzana, la pera, la cereza, la ciruela, el olivo, el pistacho, el tomate, el melón, la sandía, la cebolla y otras hortalizas. La diversidad de los cultivos afectados subraya la magnitud del impacto en la economía regional.
La resolución es el resultado de un proceso iniciado por el Gobierno de San Juan, que presentó un decreto provincial para su análisis en la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Tras evaluar la situación, la Comisión recomendó la aprobación de la medida, lo que finalmente fue refrendado por el Ministerio de Economía.
Para que los productores afectados puedan acogerse a los beneficios previstos en la Ley 26.509, deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente que acredite que sus explotaciones se encuentran en la zona de desastre. Posteriormente, el gobierno provincial remitirá un listado de los damnificados a la Comisión Nacional, asegurando que el auxilio llegue a quienes realmente lo necesitan.
La normativa también instruye a las instituciones bancarias nacionales y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a arbitrar los medios para que los productores puedan gozar de los beneficios estipulados en la ley. Esto incluye la posibilidad de acceder a líneas de crédito especiales, prórrogas en el pago de impuestos y otros alivios fiscales que permitan a los agricultores reestructurar sus deudas y recuperarse de la difícil situación. La decisión no solo es un respaldo económico, sino también un reconocimiento de la grave crisis que enfrentan miles de familias productoras en la provincia.
