Juan Manuel Orrego
El secretario General del Sindicato Químicos en San Juan, Rubén Gordillo, en exclusiva para Elementos FM 92.9 denunció que la empresa que adquirió los activos de la ex Electrometalurgica Andina se va del país y deja 90 familias en la calle. Asimismo, reconoció que el gobierno provincial "estaba al tanto de la situación y había solicitado un "compás de espera" antes de que la empresa se retirara. Sin embargo, este tiempo no fue aprovechado para encontrar una solución sostenible".
Esta situación no es nueva para la región, ya que la empresa heredó los problemas de la ex Electrometalúrgica Andina, que en 2018 también dejó un legado de conflictos laborales y deudas pendientes.
Desde hace más de un año, el sindicato ha denunciado el abandono de la empresa hacia los trabajadores, incluyendo atrasos en los pagos de salarios y la falta de cobertura social. Este hecho no solo afecta a los empleados directos, sino también a proveedores locales y a la cadena productiva de la industria del carburo de calcio, un insumo clave para sectores como la siderurgia y la producción de acetileno.
El problema de la empresa MSB Minerals se remonta a hace dos años y medio, cuando detuvo sus operaciones "debido a un conflicto contractual relacionado con el consumo de energía. La empresa no había solucionado los problemas legales con CAMMESA, la entidad reguladora de energía, lo que llevó a un parate en la producción", explico Gordillo y recordó además que existían disputas contractuales "entre MSB Minerals y la ex Electrometalúrgica Andina, empresa que anteriormente operaba en el mismo lugar". La falta de resolución de estos problemas contractuales llevó a un cese de actividades en 2022, dejando a los trabajadores en una situación precaria.
Gordillo detalló que, a pesar de los esfuerzos del sindicato y del gobierno, no se logró avanzar en una solución. "Hace tres meses, la empresa brasileña anunció la llegada de un inversor, pero esto no se materializó", explicó el sindicalista y recordó que los trabajadores han estado realizando "tareas de sereno con turnos rotativos y una reducción del 30% en sus salarios, bajo un acuerdo de suspensiones concertadas". Sin embargo, este acuerdo no ha cumplido con las expectativas, ya que los trabajadores no han recibido las coberturas sociales prometidas, incluyendo seguro asistencial y otros beneficios.
El sindicato ha decidido tomar medidas para proteger los derechos de los trabajadores. Gordillo anunció que "rechazaremos cualquier propuesta de indemnización al 50% y exigiremos el pago completo de las deudas y garantías visibles". Además, están considerando la posibilidad de formar "una cooperativa para mantener operativo el horno de la planta, evitando que la empresa cause más daño a los trabajadores".
El gobierno de San Juan ha intervenido en varias ocasiones como mediador, solicitando al sindicato que otorgue un "compás de espera" para que la empresa encuentre una solución. Sin embargo, según Gordillo, "esta intervención no ha sido efectiva". La empresa brasileña anunció hace tres meses que había encontrado un inversor, pero este nunca se materializó, lo que agravó la situación.
El sindicato, por su parte, ha mantenido una postura de diálogo y acompañamiento, priorizando el pago de salarios sobre sus propias cuotas sindicales. Sin embargo, la falta de avances y el incumplimiento de las promesas por parte de la empresa han llevado a los trabajadores a tomar medidas más firmes. Recientemente, se dictó una conciliación obligatoria, lo que brinda un respiro legal para continuar las negociaciones y evitar despidos masivos sin las indemnizaciones correspondientes.
Gordillo agradeció el apoyo de los medios y la comunidad, destacando la importancia de mantener la presión para lograr una solución justa.
