Daiana Coria
El Gobierno nacional reformó el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) mediante el DNU 383/2025, en una presentación encabezada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y generó una fuerte reacción desde la oposición peronista en la Cámara de Diputados, que ya presentó proyectos de derogación y acciones judiciales.
Entre sus principales puntos, el decreto crea nuevos programas presupuestarios para redefinir el perfil de la fuerza y modifica su estructura jerárquica. Sin embargo, el cambio más significativo se encuentra en el artículo 6°, que amplía las facultades de la PFA para intervenir en “espacios públicos digitales”, incluidas las redes sociales; realizar requisas “en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”; y detener a una persona “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”. Todas estas acciones podrán realizarse sin necesidad de autorización judicial.
Las críticas desde el peronismo llegaron especialmente desde sus referentes en seguridad. En diálogo con este medio, el diputado Matías Molle expresó: “No encuentro en el DNU medidas claras ni concretas que indiquen que se va a modernizar la policía o que realmente se va a crear una policía de investigación, especializada en el crimen complejo. Sí encuentro slogans y frases hechas, pero todo muy general y ambiguo”. Y agregó: “No parece apuntar al crimen organizado, sino más bien a la política y las manifestaciones sociales”.
El proyecto de derogación presentado en el Congreso sostiene que “lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión”.
Fuente: Ámbito Financiero
