Redacción El Tribuna
El suicidio de un efectivo oriundo del norte santafesino en la ciudad de Rosario no fue un hecho aislado; fue la demolición final de un precario muro de contención construido a base de silencios, recargos forzosos y una resignación institucionalizada. Para el grueso de la fuerza, esa muerte fue la gota que rebalsó el vaso. Desde ese instante, la protesta policial abandonó la clandestinidad del murmullo en las comisarías para convertirse en un reclamo abierto, masivo y desesperado.
Lo que la política intenta leer como un incidente sectorial, en la calle se vive como un cambio de paradigma. La concentración inicial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario ya no es una foto estática; es la chispa de un incendio que se propagó a escala provincial. Hoy, el mapa de Santa Fe está marcado por focos de conflicto activos: desde la capital provincial hasta las localidades del norte profundo como Vera, Reconquista, Tostado y San Javier. En cada punto geográfico el diagnóstico es unánime y lapidario: el salario policial ha dejado de ser un sustento para convertirse en una variable de ajuste.
El conflicto salarial es el corazón palpitante de esta crisis. Puertas adentro, los uniformados lo dicen sin eufemismos: "La familia policial se agotó". Pero, ¿qué significa este agotamiento? Significa que los haberes han quedado sepultados bajo la inflación, mientras que las exigencias operativas se dispararon.
Desde la asunción de la administración de Maximiliano Pullaro, el modelo de seguridad se ha cimentado en una hiperactividad operativa. Sin embargo, este esquema descansa sobre una logística perversa: el traslado masivo de efectivos del norte provincial hacia el conflictivo sur (Rosario). Este movimiento pendular genera un fenómeno de desarraigo sin compensación. Los policías deben financiar semanas lejos de sus hogares, costearse alojamientos precarios y comer mal, todo saliendo de un bolsillo que ya está vacío antes de cobrar.
Las denuncias son gravísimas: liquidaciones poco claras, francos imprevisibles que impiden cualquier planificación familiar y una presión constante para "dibujar" indicadores de gestión que, según los propios protagonistas, maquillan la realidad de la calle. El resultado es un cóctel explosivo de endeudamiento crónico, estrés postraumático no tratado y una sensación de abandono total por parte del Estado empleador.
La protesta frente a la Jefatura rosarina marcó un punto de no retorno. La imagen de policías en actividad, retirados y —fundamentalmente— sus familias tomando la voz cantante, otorga al reclamo una legitimidad social que los reglamentos internos intentan sofocar.
El petitorio entregado al gobernador no es una lista de deseos, es un grito de auxilio con cinco ejes irrenunciables:
Recomposición Salarial Inmediata: Un haber inicial que, como mínimo, empate a la Canasta Básica Total. No se pide riqueza, se pide no ser pobre trabajando.
Salud Mental Real: Un programa de contención confidencial, que termine con la estigmatización y las represalias para quien pide ayuda psicológica.
Humanización de la Jornada: Ordenamiento del régimen de guardias y respeto al descanso biológico.
Tarjeta Alimentaria Policial: Para todo el personal, sin distinciones.
Logística Digna: Mejoras en el transporte de larga distancia y condiciones habitacionales en las dependencias.
Hasta el momento, la estrategia del Ejecutivo ha sido el hermetismo. Hubo reuniones reservadas, sí, pero carentes de ofertas concretas. Ese silencio oficial no ha hecho más que echar nafta al fuego, validando la organización "desde abajo".
La expansión del conflicto hacia el norte (Vera, Tostado, San Javier) es el dato político más sensible. Esas regiones son la cantera de recursos humanos de la policía santafesina. Si el norte se levanta, el sur se queda sin guardia. Allí el malestar es doble: sufren la pobreza de sus regiones y el costo de vida de Rosario cuando son trasladados.
Las protestas se mantienen pacíficas, sin uniformes, sin armas y garantizando el servicio. Pero el mensaje es inequívoco: la seguridad pública no puede sostenerse sobre las espaldas de trabajadores quebrados emocional y financieramente.
La pregunta ya no es si el conflicto va a escalar, porque eso ya está ocurriendo. La verdadera incógnita es si el gobierno abrirá una mesa de negociación salarial seria o si apostará al desgaste, jugando con la mecha de una bomba que ya demostró, con una vida, que puede explotar en cualquier momento.
