El ministro Edson Fachin, del Tribunal Supremo Federal (STF), ordenó la nulidad de todas las decisiones tomadas por el Juzgado XIII de Curitiba en el proceso penal contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como consecuencia, se anulan las condenas dictadas en cuatro casos y el expresidente mantendrá los derechos políticos preservados. Fachin determinó que los casos se reiniciaran en la Corte Federal del Distrito Federal.
Fachin no previó que la decisión sea sometida al pleno del STF, integrado por los once ministros, ni al Segundo Panel, que cuenta con cinco ministros y es responsable de los procesos Lava-Jato en los tribunales. Esto puede suceder si existe una apelación del Ministerio Público Federal.
Fachin respondió a un recurso de apelación de la defensa de Lula, que argumentó que el Juzgado 13 Federal de Curitiba, anteriormente comandado por Sergio Moro, no era el tribunal competente para procesar y juzgar al PT. Para el ministro, la Justicia Federal del Distrito Federal debería haberlo hecho desde el principio.
La decisión anula todas las decisiones tomadas en cuatro procesos: el del tríplex de Guarujá, el del sitio de Atibaia, el de la sede del Instituto Lula y el que se ocupa de las donaciones al Instituto Lula. Fachin explicó que cuando el pleno del STF juzgó la investigación contra la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en el caso Consist, se decidió que el Juzgado 13 Federal de Curitiba no tenía potestad para juzgar los procesos Lava-Jato que no tuvieran relación directa con desviaciones en Petrobras.
Luego de este hito, las investigaciones que comenzaron con los enlaces premiados de Odebrecht, OAS y J&F comenzaron a distribuirse a los juzgados de otras ciudades. Finalmente, más recientemente, los casos que involucran a Transpetro (una subsidiaria de la propia Petrobras) también fueron retirados de la jurisdicción del Juzgado 13 Federal de Curitiba.
En el proceso penal que involucró a Luiz Inácio Lula da Silva, así como en otros casos juzgados por el Pleno y el Segundo Panel, se encontró que los supuestos hechos ilícitos no involucraron directamente solo a Petrobras, sino también a otros órganos de la administración pública.
Fuente: extra.globo.com
