Infancia en Deuda reclamó al Poder Ejecutivo el reintegro de los fondos aprobados en la ley de Presupuesto.
Nacionales20/01/2019
El colectivo de organizaciones Infancia en Deuda denunció que el Poder Ejecutivo redujo en $ 932 millones las partidas destinadas a los organismos de defensa de los derechos de niños y adolescentes, a través de la decisión administrativa que dispuso la distribución de los créditos aprobados en la ley de Presupuesto.
La medida se dispuso en la D.A. 1/19, mediante la cual todos los años la Jefatura de Gabinete establece la distribución de los créditos presupuestarios sancionados por el Congreso y, de acuerdo con el juicio de Infancia en Deuda “es violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y representa una fuerte limitación a las políticas de protección integral de los derechos de la infancia”.
La entidad aseguró que en la norma suscripta por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se resolvió “recortar $ 28 millones asignados en la Ley de Presupuesto 2019 a la Defensoría (de Niñas, Niños y Adolescentes), $ 4 millones asignados a la Comisión Bicameral y $ 900 millones asignados a la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia)”.
Infancia en Deuda sostuvo en un comunicado que esos recortes son adicionales a los que ya se habían aprobado en la ley “tomando en cuenta la inflación considerada por el propio Poder Ejecutivo”.
Al respecto, precisó que “en el caso de la Defensoría, el proyecto de Ley preveía una partida de $22.174.283 y para la Comisión estimaba $2.771.786, ambos montos representaban una reducción del 67%” y en el caso de la SENNAF “Era de $3.305.474.918, es decir, un 35% menor que el presupuesto aprobado por el Congreso para 2018”.
“Cabe destacar, además, que en el caso del programa destinado a la promoción y asistencia de los espacios de primera infancia -a cargo de la SENNAF-, el recorte presupuestario ascendía al 75%”, añadió.
Infancia en Deuda se define como “una causa que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil” para llevar adelante “una campaña de concientización para dar prioridad a los derechos de niñas, niños y adolescentes en la agenda de políticas públicas”.
La entidad reclamó al Poder Ejecutivo la restitución de los $ 932 millones a los organismos y sostuvo que se trata de “partidas sustraídas de forma ilegítima”.
“En el contexto actual, en el cual el 48% de las niñas y niños se encuentran en situación de pobreza, resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al definir el presupuesto, desfinanciando dos de los principales órganos del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia”, protestó.
Fuente: Agencia NP
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