La noticia del desastre que causó la Barrick Gold en su mina de Veladero, donde un caño con cianuro se rompió derramando el veneno, conmocionó al Gobierno de Mendoza, que venía poniendo a San Juan como un modelo de desarrollo del sector a imitar.
Desde que asumió Alfredo Cornejo, su gestión dio pasos con pies de plomo para intentar abrir el juego a las mineras multinacionales y desarrollar proyectos hoy vedados por el fuerte rechazo en la opinión pública mendocina.
Barrick confirmó este jueves, que el pasado 8 de setiembre, se produjo una rotura en un caño que derivó en un derrame de cianuro, el segundo en apenas un año, confirmando las peores presunciones de aquellos que rechazan la minería a cielo abierto por considerarla un riesgo letal para el medio ambiente y la gente.
La noticia sorprendió a los funcionarios mendocinos, que el día anterior se habían mostrado exultantes en el Foro de Inversiones y Negocios en el CCK, cuando la minera brasileña Vale se comprometió a terminar una versión reducida del proyecto Potasio Río Colorado antes de venderlo.
La orden de Cornejo al principio de su gestión fue intentar revertir la mala fama de la mega minería en la provincia con la intención primero de modificar la llamada ley antiminera que creó Julio Cobos –la 7.722– y luego habilitar los trabajos en la mina de oro y plata San Jorge, en Uspallata, como el primero de una serie de proyectos.
La estrategia elegida incluyó crear el Espacio de Diálogo Minero, para que los diferentes sectores que tienen que ver con la actividad, expongan sus posturas y luego produzcan un documento en conjunto.
Pero no fue la única acción. Cornejo también contrató a una consultora española para que lleve adelante las sugerencias del Espacio de Diálogo Minero y elabore una propuesta de modificación de la ley provincial 7.722.
Ahora, con el nuevo incidente en San Juan, “hemos retrocedido 100 casilleros”, definieron en el entorno del subsecretario de Energía y Minería de la Provincia, Emilio Guiñazú Fader.
Y recordaron que uno de los más argumentos de más peso de la Suprema Corte de Mendoza para declarar constitucional la ley antiminera ante los planteos en contra del sector empresario, fue justamente el derrame de cianuro en la Barrick del año pasado.
El nuevo incidente en San Juan no pudo ser más inoportuno. Cornejo tenía previsto dar uno de los pasos más importantes desde que asumió: proponer abrir la discusión sobre una modificación a la ley provincial 7.722. Quizás la intención no era –probablemente nunca se sabrá– habilitar la megaminería sin ningún límite, pero sí habilitar algunos proyectos puntuales. Hoy por hoy, sin embargo, esta posibilidad parece imposible.
Fuente: La Politica On Line Mendoza
