Redacción El Tribuna
El Juzgado de Paz Letrado de Jáchal y el Ministerio Público Fiscal de San Juan cerraron oficialmente la investigación sobre supuestas irregularidades en la contratación de servicios durante la Fiesta Nacional de la Tradición 2025, según informaron en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Dr. Juan Pablo Dara, y el Asesor Letrado, Dr. Julio Andino Vega.
La controversia comenzó con una denuncia presentada el 20 de febrero de 2026 por los concejales Silvia Gema Casas y Felipe Táñez Ruiz, junto al abogado de los denunciantes, Dr. Cristian Figueroa. Los denunciantes acusaban al jefe comunal Matías Espejo de irregularidades en la ejecución de servicios relacionados con el evento, lo que puso en entredicho su honorabilidad.
El 8 de septiembre de 2026, el Juzgado de Paz resolvió sobre las infracciones cometidas por individuos que trabajaban en la seguridad del Anfiteatro Buenaventura Luna durante la fiesta. En la audiencia, Marcelo Clavel, quien se desempeñaba como responsable de la seguridad, expuso que su labor era parte de un servicio de organización y protocolo debidamente encargado, y no de una seguridad privada ilegal. Tras evaluar la documentación municipal, el juez se pronunció en favor de los implicados, al declarar falta de mérito en su contra.
Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo su propia investigación. El legajo MPF-JA-00118-2026 fue iniciado a raíz de la misma denuncia. En este caso, se alegaba que el municipio habría contratado un servicio de seguridad privada no habilitado. Sin embargo, tras la revisión de las pruebas, el Fiscal de la UFI Norte, Dr. Sohar Alfredo Aballay, determinó que no existían elementos delictivos en los hechos narrados y cerró la vía penal el 20 de mayo de 2026.
A pesar de los intentos de la concejal orreguista Silvia Gema Casas por revocar esta decisión, el Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Dr. Iván Augusto Grassi, ratificó la desestimación el 29 de julio de 2026. Grassi explicó que la falta de habilitación de ciertas personas para realizar tareas de seguridad no equivale a un delito contra la Administración Pública.
