Redacción El Tribuna
El diputado nacional sanjuanino Cristian Andino formalizó un duro reclamo ante la Cámara de Diputados para exigir que el Poder Ejecutivo Nacional rinda cuentas por el severo ajuste que experimenta su provincia. A través de un proyecto de resolución, el legislador solicitó informes urgentes y detallados sobre el recorte de fondos dispuesto por la Decisión Administrativa 20/2026, una medida firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que modifica los créditos del Presupuesto General de la administración pública.
La poda oficial caló hondo en la obra pública y el cuidado ambiental de la región cuyana, acumulando una quita total que supera los tres mil millones de pesos. "Estamos hablando de más de 3.034 millones de pesos que le sacan a San Juan", advirtió Andino, visiblemente preocupado por el impacto directo sobre la infraestructura local. Para el diputado, no se trata de simples números macroeconómicos en una planilla de Excel, sino de "fondos fundamentales para garantizar conectividad, seguridad vial, desarrollo productivo y protección ambiental en nuestra provincia".
El desglose de la motosierra presupuestaria expone la vulnerabilidad a la que quedan expuestos los caminos de la provincia. La Dirección Nacional de Vialidad sufrió una reducción de 454 millones de pesos en su programa de mantenimiento ordinario para el distrito , a lo que se suman otros 527 millones sustraídos a obras de seguridad vial en rutas nacionales. El golpe más severo se lo llevó la parálisis en la construcción de autopistas y autovías, con un tijeretazo que orilla los 2.025 millones de pesos.
Andino puso especial énfasis en el peligro que corre la emblemática Ruta Nacional 40, columna vertebral para la producción y el turismo local. "El abandono de la obra pública y el ajuste sobre las rutas nacionales ponen en riesgo la seguridad de miles de sanjuaninos y afectan directamente el crecimiento de nuestra provincia", argumentó el legislador al fundamentar la urgencia de su presentación. La paralización del tramo sur de esta arteria estratégica ya provocó despidos en el sector de la construcción y amenaza con deteriorar la transitabilidad interprovincial.
Por fuera de lo estrictamente vial, el ajuste también impactó en los recursos naturales de San Juan, afectando las partidas operativas de dos áreas protegidas fundamentales. El Parque Nacional El Leoncito sufrió una quita de 16 millones de pesos que compromete la adquisición de bienes de consumo esenciales como cubiertas y cámaras, además del pago de energía eléctrica. En tanto, el Parque Nacional San Guillermo padeció un recorte de 11 millones de pesos destinado originalmente a tareas de mantenimiento, reparación y limpieza.
Ante este escenario, la iniciativa parlamentaria no solo exige explicaciones técnicas sobre los criterios del recorte, sino que reclama saber si la Nación contempla mecanismos alternativos de financiamiento para sostener las obras paralizadas durante el ejercicio actual. La embestida de Andino se suma a otros reclamos previos de su autoría para reactivar proyectos estratégicos como el Dique El Tambolar y optimizar el acceso a la infraestructura eléctrica regional. "El Gobierno Nacional tiene la obligación constitucional de rendir cuentas sobre decisiones que afectan directamente a las provincias. Vamos a seguir defendiendo cada obra y cada recurso que le corresponde a San Juan", concluyó de forma categórica.
