Daniel G. Solar
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) rechazó, mediante carta documento, la decisión del Banco San Juan S.A. de anular, de manera unilateral, el convenio de débito automático para cuotas sindicales. Esta medida fue comunicada por la entidad bancaria el 2 de octubre, coincidiendo con la suspensión oficial de códigos de descuento implementada por el Ejecutivo provincial y una reciente denuncia penal contra el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez.
El acuerdo, que estaba vigente desde el 31 de agosto de 2010, había sido renovado automáticamente por dos años a finales de agosto. Sin embargo, un mes después, el banco notificó la cancelación del convenio sin especificar causas, haciendo referencia a la cláusula decimosegunda del contrato. Desde el gremio que lidera José Alberto Díaz, calificaron esta acción como abusiva, arbitraria y perjudicial para la libertad sindical.
Los dirigentes del SEP vinculan este movimiento financiero con las resoluciones del gobierno de Marcelo Orrego, destinadas a eliminar los códigos de descuento. Dichas restricciones ya están siendo analizadas en los tribunales locales, bajo los expedientes Nº 1005/26 y Nº 1265/26. El sindicato sostiene que interrumpir el flujo de aportes, autorizados por los propios trabajadores, busca limitar la operatividad de la organización sindical.
En el ámbito legal, la carta documento emitida por el SEP, redactada por el abogado Roberto Correa Esbry, también cuestiona la formalidad de la notificación del banco. El sindicato impugnó la representación de Mauro Alejandro Gómez Araya, quien firmó el documento sin justificar legalmente su condición de apoderado. Por lo tanto, se exigió al banco que presente las facultades pertinentes en un plazo de 48 horas.
La carta documento del SEP requiere que Banco San Juan revoque la anulación y confirme la continuidad de los débitos. Asimismo, se solicita aclarar si hubo directivas o comunicaciones formales del Estado provincial sobre el cobro de aportes. La situación ha escalado en el ámbito judicial y político, en medio de un ambiente tenso por las denuncias penales contra el titular de la cartera económica provincial.
El sindicato de los trabajadores públicos justificó su posición citando doctrina legal y tratados internacionales. Recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo "APSAI c/ Autopistas del Sol S.A.", validó que los mecanismos de percepción de cuotas sindicales son esenciales para la libertad sindical. La restricción de estos aportes impacta directamente la sostenibilidad económica y la capacidad de acción del sindicato en defensa de los empleados estatales.
La entidad gremial también subrayó que la rescisión unilateral infringe principios de buena fe contractual, establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ignorar un vínculo de dieciséis años con solo treinta días de preaviso, sin posibilidad de renegociación, constituye un uso irregular de los derechos contractuales. Por su parte, el banco limitó su argumento a la cláusula que habilita la terminación sin justificación.
El SEP, no obstante, argumenta que esta cláusula no puede aplicarse aislada ni de forma discriminatoria, replicando políticas de ajuste del gobierno central contra sindicatos. Mientras tanto, el sindicato ha convocado a una mesa de negociación de buena fe por cinco días hábiles en su sede. Sin embargo, advierten que esta convocatoria no detiene el paquete de medidas urgentes previstas en los tribunales.
Si la postura del banco se mantiene, los representantes del SEP aseguraron que presentarán una acción de amparo sindical con medidas cautelares para impedir la caída del convenio, programada para el 1 de noviembre de 2026. El clima político en la provincia se polariza aún más mientras los tribunales analizan las presentaciones del sector público.
