Alejandro Sánchez
El Palacio de Hacienda terminó de darle forma a uno de los movimientos más esperados dentro del plan de reforma del Estado que impulsa la gestión de Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este viernes 15 de mayo se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
La ingeniería financiera diseñada por el Ejecutivo contempla que el 10% del paquete accionario permanezca en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, un esquema que busca atenuar la resistencia gremial y garantizar la continuidad operativa. Sin embargo, el corazón del negocio radica en el desembarco de un "operador estratégico". La intención oficial es que un grupo privado tome el control de al menos el 51% del capital social, mientras que el excedente se volcaría al mercado bursátil.
Para el ministro de economía, la llegada de capitales privados es la única vía para revertir años de desinversión en la infraestructura hídrica del AMBA. Según sus palabras, la incorporación de un socio con espalda técnica y financiera permitirá finalmente expandir la red hacia las zonas más postergadas y elevar el estándar de calidad de un servicio que hoy resulta crítico para millones de personas. El argumento oficial es claro: el Estado ya no puede (o no quiere) cargar con el costo operativo de una estructura y prefiere delegar el riesgo en manos privadas bajo un esquema de metas de inversión reguladas.
En paralelo a la noticia que sacude el tablero de las empresas públicas, el Ministro aprovechó la jornada para exhibir músculo en el área extractiva. El Comité Evaluador dio luz verde al ingreso de dos proyectos mineros de gran escala al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una inyección de capital que supera los 2.000 millones de dólares y que impactará directamente en las economías regionales de Cuyo y el Norte Grande.
Por un lado, el proyecto de cobre de Minera San Jorge, en la provincia de Mendoza, logró finalmente su aprobación tras años de debates locales, con un compromiso de inversión de 891 millones de dólares. Por el otro, en Jujuy, la ampliación de la planta de litio de Cauchari Olaroz sumará 1.241 millones de dólares a la cadena de valor del "oro blanco". Caputo destacó que estos dos emprendimientos tienen el potencial de generar unos 8.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, una cifra que el Gobierno utiliza para revalidar la efectividad del RIGI como imán de divisas. Con estas incorporaciones, el registro oficial ya cuenta con 16 proyectos aprobados que totalizan cerca de 30.000 millones de dólares, mientras otras veinte carpetas esperan turno en los despachos oficiales para sumarse a la reactivación económica que pregona el oficialismo.
