Alejandro Sánchez
En el corazón de Chimbas, lo que debería ser el ejercicio cotidiano de la democracia se ha transformado en un escenario de sombras y mensajes sicilianos. La entrevista realizada al concejal Luciano Cano desnuda una realidad que va mucho más allá de una simple disputa partidaria; es la crónica de una institución herida por el patoterismo y la falta de transparencia. Lo que comenzó como un pedido de informes por una compra injustificada de útiles terminó en una escalada de violencia simbólica y física que pone en jaque la seguridad de quienes tienen la tarea de controlar el gasto público.
Todo se originó con una irregularidad administrativa que, en otro contexto, resultaría casi risueña si no fuera por el manejo de los fondos de los vecinos. El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Riveros, autorizó la compra de 150 cuadernos, una cifra que excede largamente las necesidades de un cuerpo de diez ediles. Cano explica que, ante el reclamo, la respuesta oficial fue una supuesta equivocación: "Nos dijo que se le había agregado un cero al final y que iba a devolver el excedente". Sin embargo, pasó un año, los cuadernos nunca regresaron y el silencio se convirtió en la única respuesta institucional.
Pero el verdadero quiebre se produjo cuando el control administrativo se topó con el amedrentamiento. Cano relata con una frialdad necesaria el momento en que la política se volvió peligrosa: el hallazgo de una bala en su banca y una piedra de gran tamaño colocada estratégicamente en su oficina, justo sobre su cabeza. Estos hechos, que el concejal califica como "mensajes mafiosos", no pueden ser minimizados ni tomados con la gracia con la que, según denuncia, los recibió el oficialismo local. "A mí los chimberos me eligieron para poner el ojo donde ellos no pueden; si el mensaje es callarme, no me voy a callar", asegura con firmeza, dejando claro que la gravedad del hecho trasciende su persona para afectar la esencia misma del Concejo como organismo de contralor.
La desprotección es absoluta. En un relato que parece sacado de una ficción policial, Cano describe cómo las cámaras de seguridad que existían en las oficinas y en el recinto fueron retiradas deliberadamente al inicio de la gestión. Esta "zona liberada" institucional permite que una bala aparezca en un asiento legislativo sin que existan registros ni responsables. Para el concejal, esto es parte de un esquema donde se privilegia la caja política por sobre el bienestar del vecino: "Pintar una esquina o poner dos juegos en una plaza no cambia la realidad de los vecinos si la inseguridad que hay en el departamento es gravísima".
Lo más humano y crudo de la situación es el contexto personal que atraviesa el edil. Mientras lidia con estas amenazas, Cano enfrenta el "peor momento de su vida" debido a una compleja situación familiar que lo obligó a estar fuera de la provincia, lo que hace que su compromiso con el trabajo legislativo sea aún más meritorio. A pesar del peso emocional y el riesgo físico, insiste en que no busca victimizarse ni hacer política con su dolor, sino simplemente cumplir con su deber en un entorno que parece haber perdido el norte ético. La situación en Chimbas es un llamado de atención urgente; cuando la bala reemplaza a la palabra en el recinto, lo que está en juego no es un presupuesto, sino la misma libertad.
