Incertidumbre en Chapadmalal: El Gobierno ordena el desalojo de los trabajadores del histórico complejo

La Unidad Turística Chapadmalal, histórico baluarte del derecho al descanso en Argentina, enfrenta hoy uno de sus momentos más inciertos tras la orden del Gobierno nacional de desalojar a las familias que residen y custodian el predio. En un clima de profunda tensión, los trabajadores recibieron notificaciones oficiales otorgándoles un plazo de apenas diez días corridos para abandonar sus viviendas, una medida que afecta directamente a unas 30 familias que cumplen funciones de administración y mantenimiento en el complejo. Esta decisión se enmarca en un proceso de desfinanciamiento que se ha agravado en los últimos dos años, dejando a los nueve hoteles que componen la unidad en una situación de parálisis y abandono presupuestario.

Diego Oviedo, quien representa la tercera generación de su familia trabajando en el lugar, resume el impacto emocional y social de esta medida: "Nosotros tenemos un sentido de pertenencia con lo que es el complejo porque crecimos en este lugar, pasamos casi toda nuestra vida acá". Para Oviedo, el conflicto trasciende lo habitacional, ya que el desalojo parece ser el preludio de una reconfiguración total del espacio. "Nuestro miedo es que el desalojo de la vivienda sea un primer paso para después sacarnos la fuente laboral", expresó con preocupación, señalando que existen versiones sobre una posible licitación de los hoteles a privados por un período de 30 años

La incertidumbre se extiende también a la naturaleza misma de Chapadmalal como herramienta de equidad. Los trabajadores e incluso legisladores locales han planteado alternativas, como el traspaso de la administración a la provincia de Buenos Aires, para evitar la privatización de un ícono que ha permitido a miles de argentinos de bajos recursos conocer el mar. Al respecto, Oviedo enfatiza la importancia de la función estatal en este sector: "El gobierno tiene la obligación de poder darles una semana de descanso a esas personas que no pueden acceder por temas económicos". Mientras la Asociación de Trabajadores del Estado intenta frenar los desalojos mediante una medida cautelar, el futuro de las 65 personas que aún cumplen tareas en el complejo pende de un hilo, amenazando con cerrar una etapa fundamental de la historia social del país.