Francisco Otiñano
La Unidad Turística Chapadmalal, histórico baluarte del derecho al descanso en Argentina, enfrenta hoy uno de sus momentos más inciertos tras la orden del Gobierno nacional de desalojar a las familias que residen y custodian el predio. En un clima de profunda tensión, los trabajadores recibieron notificaciones oficiales otorgándoles un plazo de apenas diez días corridos para abandonar sus viviendas, una medida que afecta directamente a unas 30 familias que cumplen funciones de administración y mantenimiento en el complejo. Esta decisión se enmarca en un proceso de desfinanciamiento que se ha agravado en los últimos dos años, dejando a los nueve hoteles que componen la unidad en una situación de parálisis y abandono presupuestario.
La incertidumbre se extiende también a la naturaleza misma de Chapadmalal como herramienta de equidad. Los trabajadores e incluso legisladores locales han planteado alternativas, como el traspaso de la administración a la provincia de Buenos Aires, para evitar la privatización de un ícono que ha permitido a miles de argentinos de bajos recursos conocer el mar. Al respecto, Oviedo enfatiza la importancia de la función estatal en este sector: "El gobierno tiene la obligación de poder darles una semana de descanso a esas personas que no pueden acceder por temas económicos". Mientras la Asociación de Trabajadores del Estado intenta frenar los desalojos mediante una medida cautelar, el futuro de las 65 personas que aún cumplen tareas en el complejo pende de un hilo, amenazando con cerrar una etapa fundamental de la historia social del país.
