Rayen Jofré
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa uno de sus momentos más críticos, limitada por un ajuste presupuestario que amenaza su funcionamiento básico y la dignidad de quienes sostienen las aulas. En contacto con Elementos FM, Jaime Barcelona, Secretario General de ADICUS, retrata la situación de la educación pública que hoy se ha convertido en una cuestión de resistencia institucional.
A pesar de que el Congreso ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo Nacional mantiene un pulso que ignora incluso a la Justicia. Barcelona señala que existen dos órdenes judiciales que obligan al Gobierno a cumplir con las partidas, una desobediencia que califica como un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el dirigente, no se trata de una imposibilidad técnica, ya que el presupuesto en disputa representa apenas el 0,23% del PBI. "Es algo que es increíble y que no entendemos por qué está sucediendo", afirma, señalando que los argumentos oficiales sobre el déficit fiscal se caen por su propio peso ante cifras tan marginales para el Estado, pero vitales para la educación.
La erosión del poder adquisitivo de los docentes es, quizás, la cara más amarga de esta crisis. Mientras el costo de vida se dispara, la propuesta oficial de un aumento del 9,2% —basada en proyecciones inflacionarias que Barcelona tilda de "ficticias"— resulta ofensiva para quienes están al frente de las cátedras. El desfase salarial alcanza el 50%, una brecha que torna insostenible la vida cotidiana de los trabajadores. "Hasta la semana pasada un tanque de nafta súper estaba en 90.000 pesos, no es ni un tanque de nafta al mes los aumentos que están dando", ejemplifica con crudeza el gremialista. En San Juan, el 52% de los cargos son de dedicación simple, con sueldos que oscilan entre los 260.000 y 340.000 pesos, cifras que obligan a los profesionales a sostener proyectos de investigación y docencia en condiciones de indigencia salarial.
Más allá de los números, Barcelona identifica una matriz ideológica en la gestión actual que busca desmantelar el sistema público. Según su visión, el objetivo es forzar una transición hacia un modelo arancelado, similar al norteamericano, rompiendo el pacto social que permitió a la clase media argentina progresar a través de la formación académica gratuita. "Este es un Gobierno que lo que quiere es destruir la universidad, destruir los pilares institucionales básicos", denuncia, y añade con firmeza que no aceptarán ser "ovejas que vamos al matadero y sin chistar".
La jornada de visibilización que incluye abrazos simbólicos a los institutos preuniversitarios y marchas de antorchas, es la respuesta de una comunidad que se niega a apagarse. Según Barcelona, "la lucha excede lo gremial. Es la defensa de una trayectoria histórica que ha dado científicos y profesionales de prestigio mundial". Ante la falta de diálogo y el desprecio por la ley, la esperanza del sector radica en la presión social y legislativa, esperando que, tarde o temprano, la sensatez política prevalezca sobre lo que define como un "capricho" gubernamental destinado a socavar el futuro del país.
