Ignacio Cúnsulo
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) avanzó con una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, en el marco de lo que definieron como un “presunto manejo irregular” de fondos de la seguridad social. La presentación fue realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y quedó registrada bajo el número 204/2026.
El escrito, impulsado por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, junto al abogado Eduardo Barcesat, solicita investigar posibles delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Según la denuncia, estos hechos estarían vinculados a la presunta utilización de fondos previsionales para su canalización hacia instrumentos del ámbito privado.
Uno de los puntos centrales del planteo apunta al rol de la Comisión Nacional de Valores, organismo que —según el gremio— habría intervenido en la operatoria, pese a no formar parte del sistema de seguridad social. Desde el sindicato sostienen que este desvío implicaría un quiebre respecto del régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores.
En esa línea, la organización sindical advirtió que las medidas cuestionadas podrían significar un retorno a esquemas similares a los de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, señaladas históricamente por haber generado pérdidas para los trabajadores y beneficios para el sector financiero.
La denuncia no se limita al Poder Ejecutivo. También alcanza a funcionarios y legisladores que participaron en la elaboración y aprobación de la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, el gremio cuestiona el impacto estructural de la normativa sobre el sistema previsional y los derechos laborales.
Desde el STVyARA argumentan, además, que las medidas denunciadas podrían vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. A esto se suman referencias a tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen principios como la progresividad y la no regresión en materia de derechos sociales.
Con esta presentación, el conflicto escala al plano judicial y abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales, en un contexto donde las reformas estructurales impulsadas desde el Ejecutivo continúan generando fuertes cuestionamientos.
