Valentina Romo MillánEl Ministerio de Salud de la Nación anunció esta semana, a través de sus redes sociales, el envío de un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema, fortalecer la articulación entre dispositivos y brindar intervenciones más oportunas y efectivas”.
Sin embargo, desde el ámbito profesional en San Juan surgieron cuestionamientos sobre la necesidad de avanzar en una reforma sin haber implementado plenamente la normativa vigente. La psiquiatra Laura Tamarit señaló que “sería fundamental aplicar la ley actual de manera integral antes de plantear modificaciones”, y remarcó que su cumplimiento aún es parcial.
Uno de los ejes del proyecto oficial apunta a reformular el criterio de riesgo para las internaciones, con la intención de agilizar las intervenciones en situaciones críticas. Sobre este punto, Tamarit explicó que la legislación actual ya contempla dos tipos de internación: voluntaria e involuntaria. En el primer caso, el paciente presta consentimiento informado, mientras que en el segundo, los profesionales pueden decidir la internación ante un riesgo cierto e inminente, con intervención judicial o del órgano de revisión.
La especialista advirtió que los cambios propuestos podrían afectar derechos de los pacientes. “Se introduce la noción de ‘potencial riesgo’, lo que podría habilitar decisiones basadas en antecedentes y no en una evaluación actual”, indicó.
Asimismo, destacó que la ley vigente incorporó una mirada que prioriza alternativas a la internación, como los dispositivos intermedios. “No siempre la internación es la solución. Muchas veces hay otras herramientas que permiten abordar mejor cada situación”, afirmó.
En cuanto a la estructura del sistema, Tamarit señaló que, si bien se mantendría el enfoque comunitario, el proyecto habilitaría la continuidad de hospitales monovalentes, ahora denominados especializados, lo que reabre el debate sobre el modelo de atención.
Respecto a la saturación del sistema, la profesional explicó que las camas deberían destinarse a casos agudos, pero que en la práctica intervienen factores judiciales que complejizan los tiempos. “Muchas veces el alta depende de decisiones judiciales y no exclusivamente de criterios terapéuticos”, sostuvo.
También advirtió sobre la falta de recursos humanos, en particular la ausencia de psiquiatras disponibles las 24 horas. En ese sentido, valoró la creación de espacios de primera escucha en hospitales, integrados por equipos interdisciplinarios, aunque remarcó la necesidad de mayor articulación con el sector privado.
El debate sobre la reforma recién comienza y, mientras el proyecto avanza a nivel nacional, en las provincias se multiplican las voces que reclaman priorizar la implementación efectiva de la ley vigente antes de introducir cambios estructurales.
