Daiana Coria
La inflación de marzo alcanzó el 3,3%, según el último informe del Instituto de Estudios de Tendencias de Consumo , lo que eleva el acumulado del primer trimestre de 2026 al 9,2%. De sostenerse esta tendencia, la proyección anual podría ubicarse por encima del 40%, aunque desde el organismo estiman un cierre cercano al 35,3%.
El relevamiento indica que todos los rubros registraron aumentos, encabezados por Educación (7%) —impulsado por el inicio del ciclo lectivo—, seguido por Vivienda y servicios básicos (5,6%) y Alimentos y bebidas (3,6%), este último con fuerte impacto por subas en productos esenciales como azúcar, lácteos, aceites y harinas.
En este contexto, el costo de la canasta básica total para una familia tipo de cuatro integrantes se ubicó en $1.828.630 durante marzo, reflejando la presión creciente sobre los ingresos.
Pero más allá de los indicadores económicos, el informe pone el foco en el deterioro social. Según el estudio, basado en 2.500 encuestas a hogares, el 57% de las familias no pudo acceder de manera adecuada a la canasta alimentaria. Esto implica una alimentación deficiente, con menor consumo de carne, leche, frutas y verduras, reemplazados por productos más económicos y menos nutritivos.
Además, los datos reflejan una situación crítica:
“El problema ya no es solo cuánto suben los precios, sino si las familias pueden comer”, advirtió Germán Romero, referente del instituto, quien remarcó que los datos “son durísimos” y muestran una situación “crítica y sostenida en el tiempo”.
En paralelo, el informe señala que el 38,4% de las personas financia la compra de alimentos con tarjeta de crédito, lo que evidencia un cambio en el patrón de endeudamiento. “Hoy las familias se endeudan para sobrevivir, no para consumir bienes durables”, explicó Romero.
El estudio también cuestiona las afirmaciones oficiales sobre una recuperación del consumo. Según el estudio, las ventas en comercios de cercanía cayeron un 8,1% interanual en volumen durante marzo, lo que contradice la idea de una reactivación.
Otro de los puntos críticos es la creciente demanda en comedores comunitarios. Desde el instituto advierten que el Estado nacional ha reducido su asistencia, mientras que provincias y municipios intentan cubrir la demanda, aunque de forma insuficiente. A esto se suma un fenómeno menos visible: familias que aún no recurren a comedores por barreras culturales o sociales, pese a atravesar dificultades económicas.
“El riesgo es que estos indicadores se naturalicen. No puede ser normal que haya familias que no tengan para cenar”, concluyó Romero.
El informe deja en evidencia una tensión creciente entre los datos macroeconómicos y la realidad cotidiana de los hogares, donde el acceso a los alimentos se vuelve cada vez más limitado.
