Redacción El TribunaLa evolución de la recaudación tributaria volvió a ubicarse en el centro de la escena política y económica, en momentos en que el Gobierno nacional y los gobernadores esperan definiciones clave sobre los ingresos fiscales. El dato de marzo, que será difundido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), podría incidir directamente en la relación entre la administración de Javier Milei y las provincias.
El antecedente inmediato no resulta alentador. En febrero, la recaudación cayó por séptimo mes consecutivo y alcanzó los $16,2 billones. Si bien los ingresos crecieron en términos nominales, al descontar la inflación registraron una baja real cercana al 9%, en línea con la desaceleración de la actividad económica.
Este retroceso tiene un impacto directo en las finanzas provinciales, ya que reduce tanto los recursos provenientes de la coparticipación como los ingresos propios. Como consecuencia, varios distritos enfrentan dificultades para sostener sus cuentas y responder a demandas salariales de empleados públicos, incluidos docentes y fuerzas de seguridad.
El escenario se traduce en conflictos gremiales y medidas de fuerza en distintas jurisdicciones. Mientras los sindicatos reclaman aumentos acordes a la inflación, los gobernadores advierten que las ofertas salariales representan el límite de sus posibilidades ante la caída de recursos y la menor asistencia nacional.
En este contexto, crece la preocupación por la insuficiencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para compensar la merma de ingresos. Aunque los mandatarios provinciales buscan evitar una confrontación directa con la Casa Rosada, el debate por los recursos se perfila como uno de los ejes centrales de la relación política en los próximos meses.
Con un panorama fiscal adverso y necesidades crecientes, el dato de recaudación se vuelve un indicador clave no solo económico, sino también político, en la negociación entre Nación y provincias.
Fuente: NA
