
Uso de Mercado Pago: qué derechos tienen los consumidores ante la restricción en los comercios
Valentina Romo MillánLa decisión de varios comercios sanjuaninos de restringir el uso de billeteras virtuales volvió a poner sobre la mesa un debate clave: ¿qué derechos tienen los consumidores cuando un local se niega a aceptar un medio de pago electrónico?
En diálogo con el programa Reporte Elemental, de FM Elementos 92.9, la directora de Defensa al Consumidor de la provincia, Fabiana Carrizo, aclaró: “nuestra ley indica que tenés que tener un medio electrónico para ofrecerle al consumidor”.

La polémica se generó luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recategorizara “de oficio” distintas cuentas comerciales por movimientos financieros registrados en el último tiempo. Esta situación llevó a que algunos comerciantes limitaran el uso de Mercado Pago, como forma de evitar mayores controles o costos impositivos.
La funcionaria recordó que los consumidores están amparados por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que protege sus derechos frente a prácticas abusivas o incumplimientos.
En términos concretos, si un comercio exhibe precios y opera formalmente, no puede negarse arbitrariamente a aceptar un medio de pago electrónico. La obligación no implica necesariamente aceptar todas las billeteras virtuales, pero sí disponer de al menos una alternativa digital, como tarjeta de débito a través de posnet.
“Si te dicen no recibimos débito, no recibimos mercado pago, ahí está la alerta.”, remarcó Carrizo.
Desde Defensa al Consumidor alientan que ante irregularidades los usuarios pueden radicar la denuncia correspondiente ante el organismo provincial.
El procedimiento puede iniciarse de manera presencial en las oficinas de defensa al consumidor en la planta baja del Centro Cívico, o bien, de manera virtual a través de la aplicación Ciudadano Digital.
En un contexto económico complejo, donde los medios digitales de pago se volvieron una herramienta cotidiana para miles de sanjuaninos, la discusión no es menor. Más allá de las dificultades fiscales que puedan atravesar los comerciantes, la ley busca equilibrar la relación de consumo y garantizar que el usuario tenga opciones claras, seguras y transparentes al momento de pagar.


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