El presidente de la Asociación de Locatarios de San Juan, Víctor Bazán, analizó la fuerte suba de los alquileres desde la asunción del presidente Javier Milei y sostuvo que el sector inquilino atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.
Locales26/11/2025
Daiana Coria
En las últimas semanas se reavivó el debate sobre la verdadera evolución del costo de vida tras la difusión de cifras que comparan el aumento de servicios básicos y alquileres desde noviembre de 2023. Según estos datos, los incrementos acumulados en vivienda, electricidad, gas y transporte superan ampliamente la actualización de los salarios. Dentro de ese panorama, el alquiler aparece como uno de los rubros más golpes: un 547% en menos de dos años.
Consultado sobre la veracidad de esas cifras, Victor Bazán no dudó en confirmar que reflejan la realidad del mercado. Sin embargo, aclaró que los porcentajes pueden variar según el punto de partida del contrato. En sus palabras, “es así”, aunque remarcó que la medición parte de “si un contrato empezaría apenas asumió el presidente actual”.
El dirigente contextualizó además que, al momento del cambio de gobierno, coexistían distintos sistemas de actualización heredados de normativas previas: aumentos anuales, ajustes semestrales y otros mecanismos que habían quedado vigentes. Explicó que, con la derogación de la Ley de Alquileres apenas iniciada la gestión Milei, el mercado quedó liberado y comenzó a moverse con aumentos acelerados. Según describió, desde ese momento se registraron subas “por encima de la inflación mes a mes”, un proceso que profundizó la brecha entre lo que cuesta alquilar y lo que ganan los trabajadores.
En ese sentido, mencionó que el último índice elaborado por la Asociación Cuyana marcó un incremento de casi 9% solo en el último mes, mientras que los salarios, según destacó, “no acompañan nunca esa inflación”.
De 35% a casi 60% del sueldo: un salto histórico
A la hora de evaluar el impacto real sobre los ingresos de las familias, Bazán señaló un giro contundente. Recordó que durante la gestión anterior el porcentaje que un inquilino destinaba al alquiler fluctuaba entre el 35% y el 42%. Hoy, la situación es mucho más compleja: aseguró que actualmente ese esfuerzo se ubica “entre el 55 y el 60 por ciento”, lo que muestra una presión inédita sobre los hogares.
A este aumento se suman otros costos que antes no recaían sobre los inquilinos y que ahora se han vuelto parte del paquete mensual. Bazán mencionó, por ejemplo, que muchos deben hacerse cargo de impuestos municipales o tributos provinciales: lo describió como obligaciones “que antes no pagaba el inquilino” y que agravaron aún más el presupuesto familiar.
Frente a la pregunta sobre si, sumando servicios e impuestos, el costo total se acerca al 70% del salario, Bazán coincidió en que esa estimación es correcta. Afirmó que “el sector inquilino es el más castigado en el último tiempo” y añadió que no solo sufre una pérdida de poder adquisitivo, sino también una fuerte caída en las expectativas: aseguró que el panorama actual dejó al sector “castigado en cero expectativa futuro”.
Sin ley ni herramientas de control
Al analizar las perspectivas hacia adelante, Bazán sostuvo que el escenario difícilmente mejore sin una recomposición salarial significativa. Señaló que, en ausencia de una ley específica o de un marco regulatorio que ordene el mercado, los inquilinos quedan expuestos a incrementos constantes y acuerdos desiguales. “Si no aumenta el salario es muy difícil que cambie esto”, advirtió, y subrayó que hoy no existe “un instrumento” que proteja a los locatarios.
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Patricia, empleada estatal del programa UEPREDO, denunció que fue reducida, amenazada y detenida por personal policial mientras cumplía funciones en un acto de entrega de escrituras en el Teatro Sarmiento.
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