Daiana Coria
El Gobierno nacional resolvió suspender la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y detener las bajas de beneficiarios mientras se desarrolla una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida se tomó tras la intervención del organismo, luego de que se difundieran audios del entonces director Diego Spagnuolo en los que reconocía presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos.
La decisión fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene reuniones semanales en Casa Rosada para informar al asesor presidencial Santiago Caputo sobre el avance en el reordenamiento de la agencia.
Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones. Según datos oficiales, 110.522 de ellas correspondían a beneficios mal otorgados, 8.107 estaban asignadas a personas fallecidas y 10.038 a beneficiarios que habían renunciado voluntariamente. El vocero presidencial Manuel Adorni había detallado en su momento que el proceso alcanzaría a más de un millón de casos.
Sin embargo, tras la filtración de los audios, el Ejecutivo dispuso revisar las más de 120 mil bajas ya efectuadas y poner en pausa nuevas verificaciones. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, explicó una fuente cercana al ministro Lugones.
Mientras dure la investigación, no se enviarán citaciones ni se avanzará con controles presenciales sobre los más de 1.013.000 beneficiarios que reciben la pensión por invalidez laboral.
En paralelo, el Gobierno analiza cambios estructurales en la ANDIS. Si bien se había evaluado transformarla en un área dependiente del Ministerio de Salud para transparentar licitaciones, la falta de facultades delegadas tras la caída de la Ley Bases obliga a que cualquier modificación administrativa deba pasar por el Congreso.
El debate legislativo sobre la política de discapacidad sumó un nuevo capítulo esta semana: el Senado revirtió por primera vez en más de dos décadas un veto presidencial y aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma incluye una reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas.
La votación obtuvo 63 respaldos de sectores opositores diversos, desde el kirchnerismo hasta bloques radicales, macristas y provinciales, frente a solo siete votos en contra. El presidente Javier Milei ya anticipó que judicializará la medida, al considerar que afecta el equilibrio fiscal y compromete su programa de ajuste.
Fuente: Infobae
