Redacción El Tribuna
El gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2027, en un contexto marcado por la crisis económica y las tensiones internas sobre el rumbo político y financiero del país. La discusión, que se desarrolla en los niveles más altos del oficialismo, aún no tiene una definición cerrada.
Dentro del Ejecutivo conviven dos posturas. Por un lado, sectores optimistas sostienen que lo conveniente es mantener el calendario electoral de octubre, bajo la expectativa de que para ese momento la economía logre recuperarse del ajuste, con señales de crecimiento en el empleo y el consumo.
En contraposición, otros dirigentes impulsan la idea de adelantar los comicios a mayo. Argumentan que la incertidumbre sobre una eventual reelección de Milei podría profundizar la desconfianza de los mercados, elevando el riesgo país y dificultando el acceso al financiamiento. En ese escenario, consideran que anticipar la elección permitiría despejar dudas políticas y mejorar las condiciones para volver a los mercados internacionales, en un año en el que Argentina enfrenta vencimientos de deuda por unos USD 28.000 millones.
A este análisis económico se suma un componente político: adelantar las elecciones y eliminar las PASO podría reducir las posibilidades de reorganización del peronismo y limitar la construcción de una candidatura competitiva. Además, algunas encuestas reflejan un desgaste en la imagen presidencial, lo que también incide en el debate interno.
Desde la oposición, el senador Sergio Uñac advirtió sobre esta posibilidad y planteó que el peronismo debe anticiparse definiendo su candidato en internas partidarias antes de fin de año. En esa línea, también se expresó Oscar Parrilli, quien impulsó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, el eventual adelantamiento enfrenta importantes limitaciones legales. El artículo 95 de la Constitución Nacional establece que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días previos a la finalización del mandato, lo que impediría fijarlas en mayo sin una reforma constitucional. Según especialistas en materia electoral, sin modificar la Carta Magna la fecha solo podría adelantarse marginalmente.
En paralelo, el oficialismo avanza en otras reformas posibles dentro del marco legal vigente. Dirigentes como Patricia Bullrich y Diego Santilli impulsan cambios en el sistema electoral, como la eliminación definitiva de las PASO y la implementación de la boleta única.
Estas iniciativas también generan debate, ya que podrían fragmentar la oferta electoral. Según advierten legisladores, el nuevo esquema habilitaría la participación de múltiples fuerzas —al menos 37 partidos estarían en condiciones de competir— y abriría el escenario a candidaturas con alta imagen pública pero sin estructura territorial, como la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Mientras tanto, el debate sobre el calendario electoral continúa abierto y condicionado por la evolución de la economía, el clima político y las restricciones legales vigentes.
