Lu Soria
A fines de marzo, el Gobierno Nacional cerró los centros de estudiantes en universidades carcelarias y las respuestas de algunas facultades no se hicieron esperar. Los integrantes del Programa de Extensión en Cárceles (PEC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), publicaron un comunicado donde expresaron que: “los centros universitarios intramuros permiten a las personas privadas de su libertad realizar carreras de grado y diplomaturas, tomar cursos de formación profesional y participar de talleres y actividades culturales. Son espacios autogestionados por lxs estudiantes privados de su libertad, en articulación con las universidades y organizaciones sociales.
En los centros hay bibliotecas, laboratorios de computación y todo lo necesario para el desarrollo de la vida universitaria adentro. En algunos hay además espacios de asesoramiento jurídico, talleres y cooperativas. Su organización, limpieza y mantenimiento depende exclusivamente de lxs estudiantes privados de libertad, que cumplen tareas ahí y hacen aportes de manera solidaria, por fuera del horario de clase. Sin esa comunidad de estudiantes organizados, estos centros no funcionan. No solo cumplen un importante rol en la formación de las personas privadas de libertad, sino que a lo largo de su historia han sido clave para defender los derechos humanos y promover la inclusión social de la población penal".
El primer centro entró en funcionamiento en 1985, en la cárcel de Devoto. Nació gracias a la iniciativa de un grupo de personas encarceladas, docentes y autoridades de la UBA. El Centro Universitario Devoto (CUD) del Programa se transformó en un hito histórico reconocido a nivel mundial.
En nuestra sociedad, la vida intracarcelaria es una chispa que suele generar encendidos debates. Cada vez que el tema aparece sobre el tapete, debe recordarse que quienes residen en un ámbito de encierro sólo tienen restringido el derecho a la libertad. Cuando se habla sobre la posibilidad de que trabajen (se sostiene usualmente que deberían hacerlo para costear los gastos que generan al Estado, cuando en realidad muchos lo hacen para enviar dinero a sus familias). Mientras que otros derechos, como el acceso a la salud, resultan difíciles de garantizar, ya que los establecimientos carcelarios casi no cuentan con hospitales propios. Además, el control sanitario y el tratamiento de personas en una población tan numerosa son casi nulas.
Muchas veces la respuesta que proviene de una mayoría es que la falta de acceso a la educación y a la salud debe tomarse como parte del castigo y del riesgo que asumen las personas cuando cometen un delito. Sin embargo, la Constitución Nacional argentina, establece en su artículo 18 que: "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar los más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice". A través del estudio, muchas personas que cumplen penas en cárceles encuentran una oportunidad para reinsertarse en la sociedad.
Esta medida se transformó en un nuevo ejemplo de los recortes que está sufriendo la educación pública desde diciembre de 2023, cuando el presupuesto universitario cayó en un 28%. La caída vino acompañada de la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), la interrupción en la distribución de notebooks, la intervención de EDUC.AR y la eliminación de los programas “Mejoramiento de la calidad educativa”, “Conectar Igualdad”, “Fortalecimiento territorial” y “Acompañamiento de organizaciones educativas”.
Fuente: Agencia Paco Urondo
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