A partir del 1º de abril de 2025, las facturas de gas natural y electricidad en Argentina experimentarán un incremento que, según fuentes oficiales, no superará el 10%. Este ajuste forma parte de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y afectará tanto a Edenor y Edesur, las únicas distribuidoras eléctricas bajo jurisdicción nacional, como a todas las distribuidoras gasíferas del país, incluyendo Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras.
El gobierno convocará entre fines de este mes y comienzos de febrero a las audiencias públicas para avanzar con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de gas natural y electricidad. Si bien los cuadros tarifarios que surjan del proceso que están llevando adelante los entes reguladores se conocerá recién a fines de marzo, fuentes de la Secretaría de Energía, que dirige María Tettamanti, indicaron que en ninguno de los casos el impacto del aumento en la boleta final que pagan los usuarios residenciales llegará al 10 por ciento. Para algunas distribuidoras gasíferas, incluso, la suba en la factura podría ser menor.
El objetivo principal de la RQT es establecer un marco de previsibilidad para las empresas del sector, permitiéndoles planificar inversiones a cinco años. Además, el gobierno busca alinear las tarifas con la inflación para evitar atrasos y garantizar la sostenibilidad del sistema energético.
Según fuentes oficiales el impacto final en las boletas residenciales será moderado, con subas en un dígito y anticiparon que al final de la revisión podrá haber algunas empresas que presenten subas en sus cuadros tarifarios del orden del 3%, mientras que para otras esa proporción oscilará en torno a un 8% o un 9 por ciento. En el caso de las cifras más cercanas al 10% fijado como tope, se buscará desagregar los aumentos en distintas etapas aún no estipuladas.
Además del ajuste de la RQT, el gobierno continuará autorizando incrementos mensuales según la inflación. Por ejemplo, en enero de 2025, las facturas de Edenor y Edesur aumentaron un 1,6%, reflejando un incremento del 4% en el Valor Agregado de Distribución (VAD).
En cuanto a los subsidios, se espera una reformulación que reducirá su alcance. Todavía no hay precisiones, pero la intención oficial es que haya una tarifa social para los usuarios que necesiten la ayuda del Estado y el resto pague la tarifa plena.
Actualmente, el 60% de los 16 millones de usuarios de electricidad reciben subsidios. Entre ellos, los de Nivel 2 (N2, clase baja) seguirán beneficiándose, mientras que algunos usuarios de Nivel 3 (N3, clase media) podrían perder este apoyo, dependiendo de la nueva política.
Los ajustes tarifarios, junto con la reestructuración de los subsidios, buscan equilibrar la sostenibilidad económica del sector energético y minimizar el impacto en los hogares. Sin embargo, empresarios como José Luis Manzano, presidente de Integra Holding, destacan la importancia de resolver esta cuestión rápidamente para garantizar la previsibilidad y avanzar con las inversiones necesarias.
Fuente: BAE Negocios
