El Juzgado Federal N°, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la resolución de la secretaria de Industria y Comercio de la Nación.
LocalesEl viernes
Daniel G. Solar
La Justicia Federal rechazó la presentación judicial que llevaron adelante los 19 municipios de San Juan contra la Resolución Nro. 267/2024 de la secretaria de Industria y Comercio de la Nación, mediante la cual se prohíbe a las empresas eléctricas y de gas incluir en la boleta del cobro del servicio "sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio", y por lo tanto el Cargo Único Municipal (CUM) no podrá ser incluido.
La decisión del Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, se dictó el 26 de diciembre del 2024 y recién hoy se les notificó a los demandantes (municipios) que se rechazaba "la medida interina solicitada por el accionante". Cabe recordar que por una estrategia determinada por el Fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, el pedido de inconstitucionalidad de la medida nacional se gestionó por separado y con un mismo argumento y sin ningún tipo de consulta técnica a organismo especializados en materia energética.
Dentro del Cargo Único Municipal (CUM) se encuentran la tasa de alumbrado público y el mantenimiento de las líneas eléctricas que cada municipio cobra compulsivamente a los vecinos en la boleta de la luz. De esta manera, y ante la resolución judicial de rechazar el pedido de inconstitucionalidad, no deberá figurar más esos dos conceptos lo que generará que las intendencias tengan que pagar por el alumbrado público y los trabajos de mantenimiento con dinero de las arcas municipales.
El revés judicial presupone que los 19 municipios se verán en serias dificultades para mantener la iluminación de las calles en los distintos barrios y villas de los departamentos. Un vocero municipal adelantó que "será imposible que podamos mantener prendidas las farolas de las calles y que no podamos llevar adelante trabajos de mantenimientos. Si los vecinos no pagan la tasa de alumbrado público las calles de los barrios estarán a oscuras", sentenció.
Entre algunas de las críticas que esbozan los jefes comunales por la estrategia implementada por el gobierno de Orrego, se encuentra que no se haya dado participación a un organismo técnico especializado como el EPRE para darle a la presentación un mayor contenido.
En los considerandos de la resolución judicial básicamente se rechaza la cautelar que solicita suspender los efectos de la Resolución 267/2024 por "no cumplirse el requisito de peligro en la demora por entender que la resolución es del 11 de septiembre y la demanda es del 5 de diciembre. Pasaron casi 90 días y nadie presentó nada", consideró un vocero municipal.
La lentitud del gobierno provincial y de los municipios para apelar la medida del gobierno de Milei fue clave para que la Justicia Federal entendiera que no existe peligro en las arcas municipales ni afecta la autonomía municipal. Las críticas de los intendentes, por estas horas, se centralizan en que durante esos 90 días desde distintas áreas del gobierno "se descreyó que la Resolución tuviera injerencia o efecto en la provincia. No hubo asesoramiento claro y concreto. Se perdió tiempo valioso para fundamentar una cautelar que frene esa medida".
Según pudo conocer El Tribuna Digital, en la siesta sanjuanina se activó el grupo de WhatsApp de los intendentes justicialistas y estarían convocando a una reunión de urgencia para analizar y buscar más argumento para apelar la resolución judicial del Juzgado Federal, que conduce Rago Gallo, entendiendo que será imposible pagar el servicio de alumbrado público y el mantenimiento de la red eléctrica. Según esto, con los últimos rayos del sol y apenas comience la noche, las calles de San Juan estarán a oscuras aumentado la inseguridad en la provincia.
La decisión de la defensora del Pueblo fue analizada por los jefes comunales en la reunión del 26 de diciembre en la sede del PJ. Exigieron que asuma, pero fueron desairados.
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El Juzgado Federal N°, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la resolución de la secretaria de Industria y Comercio de la Nación.
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