Debate por Presupuesto 2025 y DNU 846/24 deja al descubierto el falso federalismo argentino

El debate sobre el Presupuesto 2025 en Argentina ha dejado al descubierto no solo un enfrentamiento político, sino también una profunda crisis estructural en el diseño del federalismo fiscal y en la gestión de las finanzas públicas del país. Lo que en la superficie parece una disputa parlamentaria por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) es, en el fondo, un reflejo de cómo los desequilibrios fiscales y políticos afectan la capacidad del Estado para coordinar políticas públicas y enfrentar desafíos económicos crecientes. 

Este conflicto, que involucra a gobernadores de la oposición, el Ejecutivo nacional y distintos bloques parlamentarios, no puede entenderse únicamente en términos de pugnas de poder. Sus consecuencias van mucho más allá y tienen implicaciones graves para la estabilidad económica, la confianza institucional y la capacidad de Argentina para superar su crisis.

El centro de la controversia es el DNU 846/24, que otorga al Ejecutivo la facultad de renegociar deuda pública sin la intervención del Congreso. Este instrumento, utilizado por el Gobierno como una herramienta para manejar los pasivos financieros en un contexto de urgencia, ha sido calificado por la oposición como un ataque a la institucionalidad y al equilibrio de poderes. 

Diputados de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la izquierda ven en este decreto no solo un acto de concentración de poder, sino también una amenaza directa para las finanzas provinciales, ya que las decisiones tomadas unilateralmente por el Ejecutivo tienen un impacto directo en los recursos que reciben las jurisdicciones subnacionales. Esta percepción se intensifica en un año donde las provincias han perdido más de $9 billones debido a recortes en las transferencias automáticas de coparticipación y ajustes en las discrecionales, como los Aportes del Tesoro Nacional.

La postura del Gobierno, en cambio, busca justificar el DNU como una necesidad operativa en un escenario internacional complicado. Con tasas de interés en alza, mercados de crédito más restrictivos y un riesgo país elevado, las condiciones para renegociar deuda o emitir nuevos instrumentos financieros son cada vez más desafiantes. Desde el punto de vista del Ejecutivo, contar con mayor flexibilidad para manejar estos asuntos es crucial para evitar crisis mayores, como un default.

Sin embargo, esta estrategia, aunque puede parecer pragmática en el corto plazo, ignora los riesgos políticos y económicos asociados a decisiones que no cuentan con legitimidad legislativa. Además, el uso de estos mecanismos excepcionales erosiona la confianza en las instituciones democráticas, un elemento clave para atraer inversiones y construir estabilidad en el largo plazo.

Para las provincias, la situación es alarmante. La combinación de recortes en transferencias, un marco fiscal más restrictivo y una creciente dependencia del Gobierno central las coloca en una posición de vulnerabilidad frente a sus responsabilidades administrativas. 

Los gobiernos provinciales son los encargados de financiar y gestionar servicios esenciales como educación, salud e infraestructura básica, y la reducción de recursos afecta directamente su capacidad para cumplir con estas obligaciones. En este contexto, los gobernadores exigen recuperar parte de los fondos perdidos como condición para destrabar el tratamiento del Presupuesto 2025. Sin embargo, las negociaciones están completamente estancadas.

Mientras el Gobierno argumenta que atender estos reclamos implicaría un costo adicional de $3.700 millones para el Tesoro Nacional, las provincias insisten en que las pérdidas acumuladas superan con creces esta cifra y que cualquier concesión es, más bien, un acto de justicia.

El Gobierno enfrenta sus propios dilemas. Si bien mantener el DNU le permite sortear la inacción del Congreso y manejar la deuda con mayor flexibilidad, el costo político de esta estrategia es alto. La percepción de un Ejecutivo que actúa sin consensos agrava las tensiones con las provincias y debilita su posición en la discusión del Presupuesto 2025. Además, este conflicto se produce en un momento en que el Gobierno necesita enviar señales claras de estabilidad y gobernabilidad, tanto a los mercados como a los organismos internacionales de crédito. La falta de un acuerdo fiscal que incluya a las provincias y a la oposición no solo retrasa la aprobación del presupuesto, sino que también pone en riesgo la continuidad de los programas con instituciones como el FMI, que exigen compromiso.

Las consecuencias de esta situación no se limitan al corto plazo. Si el conflicto no se resuelve, el país enfrentará una serie de riesgos acumulativos. La imposibilidad de aprobar el Presupuesto 2025 antes del cierre de las sesiones ordinarias obligará al Gobierno a operar con un presupuesto prorrogado, reduciendo su capacidad de maniobra para implementar políticas adaptadas a las condiciones actuales. Esto dificultará aún más la relación con las provincias, que seguirán reclamando recursos en un contexto de ajuste. Asimismo, el uso recurrente de mecanismos como los DNU para sortear los bloqueos legislativos perpetúa una dinámica de conflicto político que erosiona la capacidad del sistema para generar soluciones de consenso.

En última instancia, este conflicto evidencia las limitaciones estructurales del federalismo fiscal argentino, que no ha logrado establecer un equilibrio entre las necesidades de las provincias y las del Gobierno central. Mientras no se reforme este modelo, los problemas de financiamiento provincial, la concentración de recursos en el Ejecutivo y las tensiones políticas seguirán repitiéndose, generando un círculo vicioso que impide el desarrollo económico sostenido. La falta de un sistema fiscal equitativo y transparente no solo afecta la relación entre las distintas jurisdicciones del país, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para resolver sus prioridades.

El resultado de esta disputa será determinante no solo para la aprobación del Presupuesto 2025, sino para el futuro del manejo de la deuda y la estabilidad política del país. Sin embargo, para que haya una solución real, el Gobierno debe abandonar las tácticas de corto plazo y trabajar en un acuerdo integral que atienda las necesidades de las provincias, garantice la sostenibilidad fiscal y fortalezca las instituciones democráticas. De lo contrario, el conflicto actual no será más que un preludio de nuevas crisis que seguirán profundizando las debilidades estructurales de la economía argentina.