El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes ordenó a las fuerzas de Seguridad Pública de todo el país, incluida la Policía Militar, que impidan cualquier intento de bloquear carreteras o ocupar edificios públicos. Quien no acate la decisión deberá ser detenido en flagrante delito.
Moraes acogió una solicitud presentada por el abogado general Jorge Messias, en la cual informa de una convocatoria de actos golpistas a nivel nacional programados para las 18h de este miércoles. La solicitud incluye folletos y mensajes de grupos extremistas en la aplicación de mensajería Telegram.
Quien invada edificios públicos o promueva la interrupción u obstaculice el tráfico, en territorio nacional, también está sujeto a una multa de R$ 20 mil, además de la detención en flagrante. Si está implicada una persona jurídica, la multa será de R$ 100.000. Todo vehículo que infrinja la prohibición deberá ser identificado y se le restringirá el permiso de circulación.
Las multas deben aplicarse no solo a quienes participen directamente en esos actos, sino también a quienes inciten, incluidos los medios de comunicación electrónicos, o presten apoyo logístico y financiero a manifestaciones dirigidas a atentar contra el Estado democrático de derecho.
El magistrado también ordenó a Telegram bloquear las cuentas, canales y grupos mencionados en la solicitud, en un plazo de dos horas a partir de la notificación, bajo pena de una multa de R$ 100 mil por día en caso de incumplimiento. La información de registro de las cuentas y todo su contenido, bien como el contenido de los grupos implicados, debe ser enviada al Supremo y conservada por la plataforma, dice la decisión.
Moraes señaló que la información proporcionada "demuestra la existencia de una organización criminal que pretende desestabilizar las instituciones republicanas". El juez destacó la existencia "de una red virtual de adherentes que actúan, sistemáticamente, para crear o compartir mensajes que tienen como lema final el derrocamiento de la estructura democrática y del Estado de Derecho en Brasil".
En su solicitud, el abogado general advirtió que el país "está al borde de una situación grave", similar a la observada el domingo pasado (8), cuando grupos de radicales invadieron y depredaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, las sedes del poder en Brasil.
Fuente: Agência Brasil
