En una sesión atravesada por la preocupación mundial por el coronavirus -que provocó el auto-acuartelamiento de dos senadores y obligó a extremar las medidas-, el Frente de Todos logró convertir en ley en la Cámara alta el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y el Servicio Exterior, con 41 votos afirmativos y 21 negativos.
Juntos por el Cambio presentó en las horas previas su propio dictamen y decidió votar en contra del proyecto oficial, tras una reunión de interbloque donde primó la postura del radical Martín Lousteau, autor de una propuesta más agresiva para que jueces y diplomáticos pasen a integrar el régimen previsional general.
La neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann también votaron en contra, y hubo en total 10 ausentes: además de los auto-aislados Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, no estuvieron para votar Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Carlos Menem, Laura Rodríguez Machado, Belén Tapia y José Alperovich -de licencia-.
La necesidad de no prolongar demasiado la sesión llevó a los bloques a acotar la cantidad de oradores -solo hubo 16 anotados-, aunque el debate se demoró por cuestiones de privilegio sobre temas ajenos -la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la disputa por Portezuelo del Viento, además de algunos homenajes-.
Con la sanción de la ley, el oficialismo buscó saldar la discusión que se abrió en diciembre pasado con la Ley de Emergencia Pública, donde se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria exceptuando los regímenes especiales como los de jueces y diplomáticos, lo que generó críticas de la oposición.
Tras ese episodio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto aprobado este jueves, que establece que el cálculo del haber debe realizarse sobre el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, según el valor vigente al momento del cese.
Además, la iniciativa eleva la edad jubilatoria de los magistrados de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025; y modifica la Ley 24.018 para impedir que jueces ya jubilados puedan ser llamados a subrogar, entre otros cambios.
Según cifras aportadas por el Poder Ejecutivo tanto en el proyecto como a través de sus funcionarios, en el caso del Poder Judicial el universo es de aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos.
En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de 770.100 pesos, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos”.
Fuente: El Parlamentario
