Acueducto Gran Tulum: el esfuerzo de la jueza Lucero por entender el rol y pruebas fiscales

Los argumentos de la Fiscalía en la causa Acueducto Gran Tulum comenzaron a crujir bajo la lupa de la jueza de Garantías, Mónica Lucero, quien hoy a las 14:30 en la Sala 9 reanudará una audiencia clave que ya dejó al desnudo serias inconsistencias en la acusación del Ministerio Público Fiscal.
Lo que debía ser una exposición clara y precisa de los hechos terminó convirtiéndose en un laberinto de lecturas inconexas. Durante la segunda jornada de la audiencia de formalización, celebrada el pasado 10 de noviembre ante la presencia de diez de los once investigados, la magistrada tuvo que hacer verdaderos malabares jurídicos —y hasta pedagógicos— para intentar comprender el hilo conductor de los fiscales. El relato acusatorio, lejos de ajustarse a la claridad que exige el artículo 340 del Código Procesal Penal, provocó el fastidio evidente de Lucero.
La escena en la sala fue elocuente. Ante la monotonía de los fiscales, que se limitaban a leer extensos tramos de su escrito saltando de una época a otra sin precisión, la jueza los frenó en seco: "Cuando usted vea que yo no escribo, no lo estoy escuchando, doctor. Es porque está leyendo". Lucero no solo reclamó concreción para entender el rol de cada imputado, sino que debió interrumpirlos reiteradamente para obtener datos elementales, como el origen de los fondos del fideicomiso cuestionado —que finalmente admitieron eran nacionales, provenientes de impuestos a los combustibles y administrados por el Banco Nación— o para aclarar a qué se referían cuando hablaban genéricamente de "la competencia" en la licitación 2348.
Sin embargo, el punto más crítico de la jornada surgió al contrastar la teoría fiscal con la propia prueba documental incorporada al expediente. El Ministerio Público Fiscal sostiene que la Decisión N° 1055/2013 de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), firmada el 19 de diciembre de 2013 por el entonces presidente Cristian Andino —en momentos en que Sergio Uñac ejercía la gobernación interina—, flexibilizo los controles técnicos para favorecer a la empresa Krah en futuras licitaciones. Según la acusación, esa resolución volvió "optativa" la certificación de las normas IRAM.

Un cotejo estricto del documento desmiente de plano la interpretación de los fiscales. La Decisión 1055/2013, dictada ante las demoras del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) que paralizaban la habilitación de redes de agua y cloacas, no elimina ni relaja los estándares de calidad. Por el contrario, los blinda. El texto establece en sus considerandos y en su Artículo 2° que, para emitir un certificado de calidad alternativo en fábrica, es condición sine qua non que el fabricante cuente con licencia vigente para fabricar con sello IRAM al momento de producir la partida, debiendo presentar el original de dicha licencia ante OSSE. Lejos de apartarse de la normativa, la resolución refuerza su cumplimiento.
La trama documental expone además un llamativo recorte en la investigación fiscal. En el último considerando de la Decisión 1055/2013 consta expresamente que, antes de la firma de Andino, tomaron debida intervención las Auditorías Administrativo Contable y Técnica. Al frente de esa Auditoría Técnica se encontraba el ingeniero José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE.

Pese a haber avalado técnicamente la resolución que hoy la Fiscalía considera el puntapié inicial de una maniobra delictiva, Beltrán quedó sospechosamente fuera del radar de los acusadores. En la audiencia, ante la consulta directa de la jueza Lucero —quien incluso dejó a salvo ante las partes su amistad y cercanía con el ingeniero por si correspondía apartarse—, los fiscales aseguraron tajantemente que Beltrán "no tiene vinculación alguna" con la investigación y que solo remitió un informe en su carácter de actual titular del organismo. Las defensas, no obstante, ya advirtieron que en sus propios legajos sí existe vinculación y anticiparon que evaluarán qué medidas tomar al respecto.
Con este escenario de fondo, la audiencia se retomará hoy a las 14:30. Resta ver si el Ministerio Público Fiscal logrará finalmente ordenar su acusación bajo los parámetros legales que exige la jueza Lucero, o si sus argumentos seguirán chocando contra la letra fría de los expedientes que ellos mismos presentaron como prueba.
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